apuntes ética de la empresa etica profesional y deontologica tema 10
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MÓDULO 10
j PARA EL EXAMEN PARCIAL
1. El capitalismo
mixto. Principales tareas encomendadas al estado de bienestar (pgs 218-219)
El capitalismo mixto viene
después de los sistemas en donde la intervención del poder político era
necesaria, y sustituirá al fracasado capitalismo liberal. Básicamente,
reconocen que alguna intervención del poder público es necesaria como complemento
del mercado. Es conocido como Estado de bienestar o Estado Social. Con pequeñas
modificaciones, se va perfeccionando bajo el estado de bienestar y sus tareas
principales son:
- Intervención estatal (Keynes) para
mantener el pleno empleo o garantizar un alto nivel de ocupación. Luego
evoluciona en políticas económicas arbitradas por el gobierno en función
de los intereses generales
- Estado providencia (Beveridge):
Provisión publica de servicios sociales universales (educación,
asistencia sanitaria, pensiones, ayudas familiares y vivienda). La
universalidad significa que el acceso a estos servicios van dirigidos a
todos los grupos de renta, no depende de los ingresos del beneficiario.
2.
La crisis del estado social (pgs 220-221)
A finales de los años 1980
comienza la ruptura del Estado Social.
Causas exógenas (causas que salen de la “imaginación de los críticos…”)
- La caída del colectivismo 1989 =
evidencia de la inviabilidad del modelo económico centralizado con
eliminación casi total de los mecanismos de mercado. Algunos lo
interpretaron como un triunfo del capitalismo (pensamiento liberales como
Fukuyama 1992).
- Proceso de globalización: con
esto, se recortan las posibilidades del Estado para actuar en economía
dentro de las fronteras territoriales.
- Crisis del Estado Social: “mas
sociedad, menos estado” proclamaban representantes del sistema liberal. Además,
se da una peligrosa dicotomía entre sociedad y Estado; el individuo se
encarga de sus intereses particulares y el Estado de gestionar los
intereses generales de la sociedad à a la larga esto ocasiona que los
ciudadanos reivindiquen sus derechos y cada vez más estén incapacitados
para asumir sus deberes.
Causas endógenas (causas reales de la estructura)
-
Excesivo desarrollo del Estado
-
Alta presión fiscal
-
Falta de eficiencia
en el uso de recursos
-
Despilfarro
-
Falta de control de la maquinaria administrativa
-
Corrupción
Posibles soluciones: 2 vertientes
- Liberal: desregular y reprivatizar
- Otras corrientes: redimensionamiento
del Estado
3. Dos criterios
básicos que han de presidir la actuación económica del estado (pgs 221-222).
1.
El Estado ha de complementar
a la sociedad y a la iniciativa privada, pero nunca desmovilizar a una y
otra generando esa cómoda actitud de confiarlo todo a los poderes públicos.
Algunos critican al Estado social porque generó una sociedad de derechos (mucha
conciencia de los derechos y mucha presión para reivindicarlos), pero remisa a
reconocer sus deberes (y el esfuerzo que eso conlleva). Ésta es quizás una de
las principales lecciones a sacar de la crisis del Estado social en las pasadas
décadas, crisis que lo condujo casi a su inviabilidad.
2.
El Estado tiene que orientarse por la búsqueda de un equilibrio entre libertad e igualdad
para todos: garantizar la libertad, sí (como le exige el liberalismo de
todos los tiempos), pero procurando que sea libertad para todos y, por tanto, que
haya una igualdad sustancial, al menos como igualdad de oportunidades (no
igualitarismo).
4. Tres
indicaciones respecto a las tareas del
estado (p. 222-223)
1º. Ante todo el Estado tiene que compensar las
deficiencias del mercado, ya sean aquéllas que le son sustanciales (no
atiende ni a los bienes públicos ni a la demanda insolvente, o, en determinadas
circunstancias, no garantiza el adecuado funcionamiento de la economía), ya las
derivadas de la falta de igualdad de los participantes (circunstancia común a
la casi totalidad de los mercados reales). Esto exige una tarea de regulación,
que restrinja los márgenes de la libertad de los agentes en aras de un nivel
mínimo de igualdad.
2º. El Estado debe garantizar los derechos sociales, poniendo los
medios para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellos: derecho al trabajo,
derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, por
citar los más importantes. Esta es una de las grandes conquistas de la
humanidad a lo largo del s.XX, a la que no se puede renunciar en principio,
aunque queda siempre la cuestión más concreta de determinar con exactitud el
alcance de estos derechos en cada sociedad dependiendo de sus tradiciones, sus
recursos económicos, la presión fiscal que está dispuesta a soportar y la
voluntad política de sus gobernantes.
3º. Las tareas mencionadas
hasta ahora tienen por objeto la orientación general de la economía o una
cierta redistribución de recursos que corrija la distribución inicial
(insuficiente por desigual) que hace el mercado. Más problemático es atribuir
al Estado funciones directamente
productivas, que en otro tiempo y en determinados países sí le fueron
encomendadas alegando motivos como la seguridad del territorio, el tratarse de
servicios esenciales y/o no lucrativos o de sectores estratégicos. Hoy tiende a
descargarse al Estado de estas
tareas, aunque no puede excluirse algún tipo de control sobre tales actividades
por su importancia intrínseca.
5. Cuatro
criterios éticos para la distribución de la carga fiscal (p. 225-226).
- El
Estado, al contrario que el mercado, no funciona según la ley de los
intercambios equivalentes (principio de justicia conmutativa: el de la
equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe), sino según el
criterio de equidad para con ciudadanos iguales: a ningún ciudadano se
le pide, por tanto, capacidad retributiva alguna para beneficiarse de las
prestaciones del Estado.
- El
segundo criterio se basa en el hecho de lo que se trata de pagar no es
tanto un servicio concreto cuanto un servicio global. Si se considera que
este servicio es igual para todos, cabría proponer que todos los ciudadanos pagasen lo mismo por él
(se podría establecer una aportación igual de cada contribuyente).
Puesto que todos recibimos, en principio, lo mismo, paguemos todos lo
mismo. Sin embargo, existen razones de peso para renunciar a él: la
principal es que no atiende a la distinta situación de los ciudadanos y a
su capacidad real para contribuir.
- El
principio de la capacidad de pago. Según este criterio, la contribución
será proporcional a la capacidad económica de cada sujeto. Quienes más
tienen pagarían impuestos más altos; a igual de capacidad, igual
contribución.
- Principio
del sacrificio igual. El punto de apoyo de este principio es el
convencimiento de que la contribución proporcional supone un sacrificio
mayor para el contribuyente con menor capacidad de pago, aunque esté
obligado a pagar menos que el de los ingresos superiores. Por lo tanto,
hay que implantar un sistema tributario que sea progresivo, es decir, en el que la cuantía del tributo crezca
más que proporcionalmente a la capacidad de pago de los contribuyentes.
La aceptación
de la progresividad impositiva implica el reconocer al Estado una función de
redistribución de la renta. Pero evidentemente, esta dimensión redistributiva
debe compaginarse con la función recaudatoria.
6.
Tres problemas prácticos de aplicación (p. 228)
Partiendo de la complejidad de los
sistemas fiscales contemporáneos, son diversas las circunstancias que están
orientando hoy en una determinada dirección la distribución de la carga
tributaria.
1.
El grado de progresividad del sistema fiscal está en
función del peso relativo de los
impuestos directos de carácter general. Entre ellos se cuentan los que
gravan las rentas de las personas físicas y de las sociedades. Sin embargo, las
necesidades recaudatorias de los gobiernos han obligado a éstos a incrementar
la proporción de los impuestos
indirectos (que el contribuyente percibe menos), lo que reduce las
posibilidades de progresividad.
2.
Este problema se agrava por la fuerte competencia internacional que caracteriza a la
economía actual y que discrimina a las empresas de aquellos países con mayor presión
fiscal. Ante esta circunstancia, los gobiernos se ven obligados a desviar la
presión fiscal hacia los sectores o colectivos donde esa competencia sea menos
efectiva. Por esta razón algunos llegan a proponer que las empresas queden
liberadas de toda imposición directa, para no dañar así su competitividad
internacional: eso supondría concentrar en las rentas personales, sean del
trabajo o del capital, toda la imposición sobre las rentas generadas a través
del proceso productivo. Se garantizaría así que sea el sector productivo el que
aporte al Estado los recursos necesarios para ejercer sus funciones en
beneficio de la sociedad, pero al precio de un incremento de la presión fiscal
sobre las rentas personales que la sociedad difícilmente soportaría.
3.
Cada vez mayores dificultades para mantener el
equilibrio entre la fiscalidad que afecta
al trabajo y la que afecta al
capital. Y es que la liberalización de los mercados de capital hoy (que
no tiene equivalencia en los mercados de trabajo) y la mayor movilidad del
capital en relación con el trabajo, son dos factores que permiten al capital
emigrar allí donde la presión fiscal es menor: en consecuencia, si un gobierno
no quiere ahuyentar los capitales, no tendrá más opción que reducir el gravamen
sobre ellos. Y no es raro entonces que la alternativa sea la de aumentar
proporcionalmente la imposición sobre el trabajo, con objeto de que se mantenga
el monto total de la recaudación. El desplazamiento actual de la presión fiscal
desde el capital hacia el trabajo tiene aquí su última explicación.
Como
consecuencia de esas tres circunstancias la imposición directa tiende a
concentrarse cada vez más en los impuestos sobre el trabajo. Por otro lado,
tampoco existe hoy un consenso claro en torno a la distribución entre impuestos
directos e indirectos, aunque sabemos que los impuestos indirectos recaen
últimamente sobre el consumidor final (la empresa se limita a prestar al Estado
el servicio de la recaudación).
7. Las tres vías a
través de las cuales la empresa contribuye económicamente al sostenimiento de
la empresa (p. 233).
La empresa
contribuye económicamente al Estado por tres vías complementarias:
a)
Impuestos directos
b)
Impuestos indirectos
c)
Contribuciones sociales
Todas ellas suponen un incremento
de los costes, y por tanto, del precio final del producto. En este sentido
afectan a la competitividad de la empresa. Sin embargo, la exigencia de dicha
competitividad, que es un valor indiscutible (y un valor ético) para la
empresa, no puede ser un argumento para reducir o desplazar totalmente la
obligación que tiene también la empresa a contribuir a los gastos del Estado,
entre otras razones porque también ella se beneficia de los mismos.
8. Criterios nº
2, 5, 7,9 y 10 relativos al
comportamiento de la empresa en su relación con el Estado (p. 235-236).
Con todos los
datos manejados, podemos concluir ahora enumerando algunos criterios para el
comportamiento de las empresas en sus relaciones con el estado:
·
El cumplimiento de las leyes vigentes debe
hacerse desde un cierto talante: reconocer y aceptar la función del Estado de velar por los intereses generales de la sociedad,
admitiendo que en ocasiones éstos entrarán en conflicto con los intereses
particulares de la empresa.
·
En cuanto a la distribución de la carga tributaria, una equidad básica es
obliga a optar por el criterio de progresividad y las consecuencias que eso
tiene para el peso de la imposición directa sobre la indirecta.
·
Las contribuciones sociales que la empresa ha de
liquidar deben ser vistas como una colaboración al mantenimiento del Estado
social y una garantía de los derechos sociales, lo que no impide combatir los
efectos perniciosos de estos derechos cuando son mal entendidos por sus
beneficiarios.
·
No vale escudarse en la falta de eficacia de la
gestión pública o en los casos de corrupción para eludir la normativa fiscal o
laboral: estos hechos deben inducir, más bien, incrementar la participación en
todos los mecanismos que permiten un efectivo control de la actividad política
y del funcionamiento de la administración pública.
·
Como síntesis final, la preocupación efectiva
por los intereses de la sociedad es también responsabilidad de la empresa:
aunque la persecución de dichos intereses no constituyan su tarea primaria y
específica, le corresponde no atentar directamente contra ellos y apoyarlos
indirectamente, sin excluir el llegar a asumirlos a veces como propios.
k
PARA LA PARTE PRÁCTICA
Fines
y medios del Estado en defensa de los trabajadores
