Apuntes de Derecho Procesal: Introducción al Derecho Procesal
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Tema 1. Introducción.
1. Concepto y
evolución de la disciplina
El derecho procesal ha surgido porque el hombre
empieza a relacionarse, y como consecuencia de esta relación se empiezan a
crear normas. Estas normas pueden ser cumplidas o incumplidas. Cuando la norma
es incumplida, con el paso del tiempo se exige un cumplimiento coactivo, es
decir, obligatoriamente.
Para entender la evolución de la disciplina hay que
hacer mención a tres aspectos básicos:
1. Asociaciones primitivas. En
estos casos no existía una autoridad superior. Por tanto los conflictos se
solucionaban de dos modos:
- Autocompensación:
Acuerdo entre las partes. En el caso de que no haya acuerdo, se acude al
segundo modo.
- Autodefensa: Se
produce un choque entre las partes. La persona que prevalece es la más fuerte.
2. Núcleos sociales. La aparición
de la familia hace que aparezcan 3 figuras:
- El jefe: Tenía
la dirección política y militar y también administraba justicia.
- El príncipe:
Absorbe las funciones del jefe.
- Soberanía: Es
el elemento que surge como consecuencia del traspaso de poder del jefe al
príncipe.
3. Autodefensa. La autodefensa no desaparece rápidamente, fue un
proceso lento, en el que antes de
estar prohibido totalmente fue limitada.
Para que la prohibición de
la autodefensa se lleve a cabo es
necesario que el Estado ponga medios, confiando la decisión de resolver un
conflicto a un tercero ajeno, que resolverá la situación.
¿Cómo se lleva a cabo el
nombramiento del tercero?
Puede ser escogido por el
Estado de dos modos:
- Libremente: las
partes deciden quien quiere que lo
solucione.
- Propio Estado:
Señala que un tercero actúa en su nombre.
Esto
tiene una serie de consecuencias:
a) El Estado
actúa solucionando conflictos jurídicos de interés en la sociedad, es decir, se
le otorga poder jurisdiccional para solucionar conflictos jurídicos que surjan
en la sociedad.
b) El Estado no
actúa por sí mismo, delega en personas físicas que actúan en nombre del Estado.
Estas personas físicas son los jueces y magistrados, que se integran en los
llamados órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales). Estos órganos
jurisdiccionales tienen por tanto la función jurisdiccional.
c) La
actividad de estos órganos, se desarrolla en el ejercicio de la función jurisdiccional
a través de unas formas y garantías legalmente establecidas. (Proceso)
Es importante, por tanto, conocer tres elementos
fundamentales:
- Función
jurisdiccional
- Qué órgano lo
lleva a cabo
- Cuál es el
proceso
Estas tres preguntas hacer llegar tres elementos
fundamentales:
- Jurisdicción
(función jurisdiccional y poder jurisdiccional)
- Acción (
Derecho de las partes para poder entrar en dicho derecho)
- Proceso ( Medio
a través del cual se resuelve el proceso)
2. Etapas
Práctica forense (Siglo XVI-XVIII)
Este es el origen del derecho procesal.
Los que llevaban a cabo esta práctica eran juristas
expertos en Derecho romano formado en las universidades más importantes del
país. Para llegar a ser abogados había que pasar un periodo de pasantía y posteriormente
realizar un examen.
Esta etapa goza de una serie de características:
- La intención no
era crear una ciencia, sino que se bajaban en una idea práctica.
- El régimen
legal no era la ley. Se basaban en las prácticas de los tribunales.
- Los libros que
escribían iban destinados a profesionales del Derecho.( jueces, escribanos y
abogados)
Procedimiento judicial (primera mitad del
Siglo XIX)
Se produce como consecuencia del auge de la ley como
expresión de la voluntad general. Esto es porque se pasó de ser el soberano
quien tenía facultad de solucionar conflicto, a que fuera los ciudadanos los
encargados de solucionar los conflictos que pudieran surgir.
La consecuencia principal de este cambio inicia la
etapa de la codificación, ya que empiezan a crearse los primeros códigos con el
objetivo de unir en determinados códigos las prácticas que los tribunales
teóricos, hacían en la etapa anterior.
Para intentar unificar los procedimientos, se usa un
método denominado “exégesis”. Éste
consiste en describir el conjunto de formas que los ciudadanos debían de seguir
para obtener justicia, y que los tribunales debían de conocer para otorgarla.
En nuestro derecho esto se resume en tres aspectos:
- Organización
judicial
- Competencia de
los tribunales
- Procedimiento
Derecho procesal ( Segunda mitad del siglo
XIX)
La llegada definitiva a esta etapa conllevó una
evolución que comenzó en Alemania en el Siglo XVIII.
El derecho procesal se incorpora en la universidad
con la finalidad de que los alumnos buscaran las reglas comunes utilizando un
proceso general utilizado por todos y que solucionase los problemas entre la
comunidad.
En España llegó dicho sistema de Alemania e Italia.
Concepto de derecho
procesal: Es un conjunto de normas que regula el proceso. Está formado por los
supuestos, efectos, contenidos y plazos de la tutela judicial efectiva.
El proceso es una serie o
sucesión de actos, que se desarrollan en el tiempo y que culminan con un acto
final de respuesta del órgano jurisdiccional. La culminación del proceso es la
resolución o sentencia de los jueces o tribunales.
Caracteres del derecho
procesal:
1. Derecho procesal como rama del derecho
público. El juez interviene en el proceso como un órgano público del
Estado, ocupando una posición jerárquica superior al resto de los sujetos
procesales.
Esta situación privilegiada la ocupará
independientemente de que el interés deducido en el proceso sea público (penal)
o privado (civil). No hay que confundir el carácter de función pública que
tiene la jurisdicción y la naturaleza privada que es cuando hablamos de acción
de los ciudadanos para acudir al proceso.
Es necesario hacer la
diferenciación entre derecho público y privado y cual es la rama jurídica de
cada uno.
- Derecho privado
es aquel que regula las relaciones entre particulares planteadas en su nombre y
en su propio beneficio. Las ramas jurídicas que se inscriben son el civil y el
mercantil.
- El derecho se
ocupa del ordenamiento jurídico del Estado y sus relaciones con otros entes
jurídicos, ya sera públicos o privados. Las ramas son el político,
administrativo, penal y el internacional.
2. Derecho procesal como posición autónoma.
Es autónomo del resto de Derecho. El proceso es el medio a través del cual se
lleva a cabo la actividad jurisdiccional. El juez es independiente tanto del
poder político como del Administrativo. Al ser independiente se le considera
imparcial.
3. Derecho procesal es un derecho institucinal.
El proceso es un medio para conseguir un fin específico, y este fin es la protección
jurisdiccional de los derechos a través de la ley en cada caso concreto.
Derecho jurisdiccional (Segunda mitad del
Siglo XX)
El derecho procesal adquiere todo su esplendor tanto
en el campo práctico como en el teórico.
El derecho procesal es el conjunto de normas que
regulan el proceso. Este proceso viene a ser el procedimiento mediante el cual
se desarrolla la función jurisdiccional del Estado.
El derecho procesal es una ciencia que atiende al
estudio del proceso, y por tanto, es el derecho a la función jurisdiccional.
Siempre que hablemos de derecho procesal hay que
hablar de función jurisdiccional que se confía al Estado. Esta obligación de
tener que cumplir el Estado la obligación jurisdiccional, no solo se refiere al
concepto de proceso, sino también a la acción y a la jurisdicción compuesta
este último a su vez por el órgano judicial y por la persona judicial.
El contenido del derecho procesal se basa en tres
pilares fundamentales.
· Jurisdicción: El juez ejerce una
actividad jurisdiccional que está dotada de unos caracteres propios y fines
específicos. Su finalidad es impartición de justicia o administrar justicia en
cada caso concreto.
La función jurisdiccional
consiste en la tutela y realización de un derecho objetivo. Este derecho
objetivo es el derecho en su esencia. Es el concepto general de derecho como
instrumento del que dispone el Estado para impartir justicia.
Es el representante del
Estado en el mundo jurídico para solucionar conflictos que surjan entre
particulares u órganos institucionales.
· Acción: El juez está llamado a
solucionar un problema o conflicto, ya sea entre particulares, o particulares y
el Estado. Se trata de un conflicto surgido en la sociedad, y ante este
conflicto, se coloca el juez como un tercero imparcial que estudia el problema
y resuelve según los términos jurídicos aplicables en cada caso concreto.
· Proceso: Serie o sucesión de actos
que culminan en un acto final que desarrolla la función jurisdiccional.
Antes de juzgar, se
desarrolla una actividad por parte del juez, y una actividad por parte de quien
solicita el juicio. Esta actividad es regulada por la ley y se le conoce con el
nombre de proceso.
No solo nos referimos al
proceso en este sentido, sino también como juicio y como procedimiento.
3. El contenido actual
del Derecho Procesal
Es el siguiente:
-
Las normas
procesales. Aquellas que regulan los órganos del proceso, los sujetos y
sus actos, requisitos y efectos… es decir, en sentido estricto regulan la
actividad jurisdiccional del juez y de las partes.
-
Las normas sustantivas. Pertenecen a un ámbito
diferente al de Derecho Procesal (Civil, Penal, Administrativo…), por tanto son
las que pertenecen a otras ramas jurídicas y regulan derechos subjetivos,
intereses, situaciones... En definitiva los derechos de los justiciables para
iniciar un proceso.
-
Las normas orgánicas. Regulan la organización judicial,
juzgados y tribunales, y también el personal jurisdiccional y no jurisdiccional
(ej. jueces y abogados).
Estos tres tipos de normas hacen referencia a
los tres grandes pilares del Derecho Procesal: Función Jurisdiccional, Tutela
efectiva y el Proceso.
Primera parte. El Poder jurisdiccional y la función jurisdiccional.
Tema 2. Poder judicial y función jurisdiccional.
1. Asunción por el Estado de la administración de justicia.
A. Poder judicial y función
jurisdiccional.
En el Art. 1.2 de la CE se establece que “la Soberanía Nacional
reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” La soberanía
es un poder inherente al Estado para que se pueda servir al interés general,
esta deriva en el Estado por la delegación.
La soberanía se divide en los tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial, a estos le corresponde el desarrollo de las
funciones necesarias para el beneficio de la colectividad.
- El P. Legislativo desarrolla las reglas de conducta a
las que deben ajustarse los individuos en sus conductas en la sociedad,
por tanto, se promulgan las normas destinadas a la colectividad.
- El P.
Ejecutivo o Administrativo, en este caso el Estado con miras al bien común
se encarga de las obras públicas, defensa militar… en definitiva
satisfacer las necesidades de seguridad, cultura y bienestar social.
- Poder Judicial, el Estado desarrolla la función
jurisdiccional, es el encargado de garantizar a los ciudadanos el
cumplimiento de las normas establecidas. Mediante la observancia del
cumplimiento, y por la represión de la inobservancia de éstas.
B. Qué es la jurisdicción y
acepciones del término.
La palabra jurisdicción se emplea para
referirse a la potestad estatal de la resolución de conflictos jurídicos. Esta
expresión se recoge en el Art. 117.1 de la CE y en el Art. 2 de la LOPJ. De la lectura de
estos artículos se deduce, que jurisdicción consiste en juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado.
Ante la existencia de un conflicto, el
afectado debe interponer una demanda, surgen dos partes: demandante y
demandado, el juez deberá ejercer la función jurisdiccional, y por tanto juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado. El contenido de la sentencia deberá ser cumplido
por las partes, pero es posible que una o las dos partes incumplan la sentencia
por lo que el juez deberá ejecutar forzosamente.
Es peculiar que existe además de la vía
judicial, la posibilidad de acudir a la resolución de un conflicto por parte de
un árbitro. La labor que este lleva a cabo no es función jurisdiccional porque
resuelve el conflicto, pero para hacer ejecutar lo juzgado las partes deberán
acudir a un juez.
Existen además otras acepciones de la palabra
jurisdicción, pero la relevante para el Derecho Procesal es la acepción
jurídica. Jurisdicción proviene de la unión de los vocablos latinos → iuris dicto. Una traducción literal
sería “decir Derecho”, pero es mejor decir que es “aplicar Derecho”. Para
Carneluppi es “aplicar Derecho” la redacción de una ley, la redacción de un
contrato privado… etcétera.
2. Poder judicial político y al poder judicial de organización.
Hablamos por un lado de poder judicial
político, características:
-
Regula en la
CE. S
-
Sus órganos tienen potestad jurisdiccional en general.
-
El Tribunal Constitucional puede resolver asuntos de su
competencia, porque tiene el propio TC la función.
-
Los órganos que pertenecen a este tipo de poder
judicial tienen su propio estatuto.
-
Están influenciados por el poder político en mayor o
menor medida.
-
Son: el TC, Tribunal de Cuentas, Tribunal Militares y
Tribunales Consuetudinarios. Poder judicial especial
Por otro lado el poder judicial de
organización, características:
-
Se regula en la
LOPJ , que tiene una función jurisdiccional concreta.
-
En estos tribunales la potestad jurisdiccional recae en
los jueces, no en los órganos (los tribunales).
-
Tienen un estatuto común para todos los órganos.
-
Son independientes del poder político.
-
Las cuestiones administrativas que incumban el
desarrollo de su actividad las lleva a cabo el CGPJ.
-
Son todos los juzgados y tribunales restantes (infra Tema 9). Poder judicial ordinario.
Tema 3. Los órganos jurisdiccionales especiales
constitucionales.
TRIBUNALES
NACIONALES.
1. El Tribunal
Constitucional
1. Regulación.
Se regula en los Art. 169 a 175 de la CE , se trata la composición, el
número de miembros, competencias… Pero todos estos artículos están apoyados y
desarrollados en la LO
2/1979 de 3 de octubre, que es la
LOTC.
2. Naturaleza y
particularidades.
El TC es el órgano supremo de la Constitución , y es
completamente independiente del resto de los órganos constitucionales. Está
únicamente sometido a la
Constitución y su propia Ley Orgánica.
Al ser un órgano especial tiene
particularidades:
No es típico. Su función específica consiste
en velar por la constitucionalidad de la ley, y en preservar con carácter
general los derechos y garantías que el ordenamiento reconoce. Por lo tanto, interpreta
la Constitución ,
promoverá su observancia. Pero no aplica la ley porque no es su misión, serán
los juzgados y tribunales quienes harán la ejecución, pero no pueden llevar a
cabo la inconstitucionalidad de una ley.
En definitiva, el TC dice si una norma no se
ajusta la Constitución
y adopta o impone las medidas necesarias para poder solucionarlo. Además
garantizará la interpretación adecuada de la norma suprema.
3. Composición.
Se compone de 12 miembros nombrados por el
Rey, de estos 12: 4 son a propuesta del Congreso (3/5), otros 4 a propuesta del Senado (3/5),
2 a
propuesta del Gobierno y 2 a
propuesta del CGPJ. Estos miembros serán designados para ejercer sus cargos por
un periodo de 9 años, y serán renovados de su puesto cada 3 años, es un periodo
no renovable. Sin embargo, si se podrá proponer para ejercer otras funciones si
este magistrado no ocupa el cargo durante más de 3 años.
Requisitos para ser miembro: 1. nacionalidad
española, 2. Siendo además: o bien Magistrados, o fiscales, o abogados, o profesor de universidad, o funcionario
público. 3. 15 años de experiencia profesional y de reconocida valía.
El Presidente. Es elegido entre sus
miembros, nombrado por el Rey a propuesta del pleno por un periodo de 3 años,
con la posibilidad de ser reelegido una sola vez. La elección se hará por
votación secreta, en la primera vuelta se elegirá por mayoría absoluta, en
segunda vuelta se elegirá al magistrado con mayor número de votos, y en tercera
vuelta (porque ha habido empate) se votará entre los dos, y si se da de nuevo
empate, se elegirá en cuarta vuelta al mayor de los dos.
El Vicepresidente. Se elige del mismo
modo que el Presidente.
4. Los miembros del TC.
Son independientes e inamovibles.
La incompatibilidad. El cargo de magistrado
es incompatible con las siguientes actividades: con la de Defensor del Pueblo,
con el cargo de Diputado o Senador, con cualquier cargo político o
administrativo, con el ejercicio de cualquier actividad propia de la carrera
fiscal o judicial, con el empleo de todas las clases de juzgados y tribunales,
con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos,
colegios, asociaciones… y el último lugar con el desempeño de actividades
mercantiles o profesionales.
Si se da la incompatibilidad antes de la toma
de posesión, el magistrado puede cesar del cargo de magistrado o bien de la
actividad que le resulte incompatible. Si no lo hace en el plazo de 10 días, se
sobreentiende que no acepta el cargo de magistrado. Aunque si la incompatibilidad
viene dada por ser fiscal o judicial, podrá solicitar una excedencia especial
en su carrera de origen.
Cese y abandono del cargo. Los magistrados del
TC cesarán o abandonarán…
1º. Por renuncia aceptada por el Presidente
del Tribunal.
2º. Por expiración del plazo de nombramiento.
3º. Por incurrir alguna causa de incapacidad.
4º. Por el surgimiento de cualquier tipo de
incompatibilidad.
5º. Por dejar de atender con diligencia los
deberes de su cargo.
6º. Por haber sido declarado responsable civil
por dolo, o por un delito culposo.
El cese o abandono en los dos primeros
supuestos, y con el fallecimiento, será decidido únicamente por el Presidente
del Tribunal, en el resto de los supuestos, decidirá el Tribunal en Pleno, por
mayoría simple en las causas 3 y 4, y por mayoría cualificada en el resto de
los casos.
La responsabilidad criminal únicamente será
exigible ante la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo.
5. Actuación del TC.
Pleno. Está integrado por todos los
magistrados del tribunal, será presidido por el Presidente, en su defecto el
Vicepresidente, y en su defecto el magistrado más antiguo, y en caso de igual
antigüedad el más mayor en edad.
Podrá adoptar decisiones cuando estén las 2/3
partes de los miembros.
Salas. Consta de 2 salas, primera y segunda.
Compuesta cada una por 6 miembros, uno de ellos será Presidente. También
necesitarán la presencia de las 2/3 partes de los miembros. El Presidente del
TC es Presidente de la Sala
1º y el Vicepresidente presidirá la
Sala 2ª (si no están presentes presidirá el más antiguo, y si
empatan el más mayor).
Secciones. Están compuestas por un Presidente
y dos magistrados. En el momento de adoptar acuerdos dentro de estas secciones,
se exigirá la presencia de dos de sus miembros, excepto cuando existan
discrepancias o conflictos que se exigirá la presencia de los tres.
6. Funciones.
1º. Controlar la constitucionalidad de la ley.
Todas las leyes deben respetar la Constitución.
2º. Tutelar el respeto de los derechos
fundamentales.
3º. Y todas aquellas funciones que le otorgue la Constitución.
7. Competencias.
Según el Art. 2 de la LOTC.
a. El Tribunal conocerá del
recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones
normativas, y actos con fuerza de ley.
Por un lado el recurso de
inconstitucionalidad. Este recurso es más bien conocido como “el proceso
principal de inconstitucionalidad”. La declaración de constitucionalidad de una
norma con rango de ley, afectará únicamente a esta norma o ley, pero no a las
sentencias dictadas con anterioridad.
Los legitimados para ejercer este recurso son:
el Presidente el Gobierno, el Defensor de Pueblo, 50 diputados, y 50 senadores.
Pero si hablamos de inconstitucionalidad dentro de ámbito autonómico, pueden
además interponer el recurso: los órganos colegiados ejecutivos, y las
asambleas de las CCAA.
Este recurso de inconstitucionalidad se
formulará en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su publicación.
Esta impugnación se lleva a cabo mediante una demanda presentada ante el TC, y
esta demanda señalará la causa o el motivo por la que se cree que hay una
inconstitucionalidad (es decir, señalar los preceptos infringidos).
Una vez que se ha admitido a trámite, el
Tribunal la traslada al Congreso y al Senado, a través de sus Presidentes, y
por otro lado la traslada al Gobierno mediante el Ministerio de Justicia.
Teniendo estos un plazo de 15 días para hacer las alegaciones necesarias, y una
vez transcurrido este plazo el TC dictará sentencia en un plazo de 10 días, a
no ser que considere que necesita más tiempo.
Por otro lado, la cuestión de
inconstitucionalidad, también conocido como “proceso por cuestión prejudicial
de inconstitucionalidad”. Este proceso va a impugnar la constitucionalidad de
una ley por su aplicación en un proceso, es decir, un juez o tribunal de oficio
o a instancia de parte considera que una norma con rango de ley resulta
inconstitucional en la aplicación de la misma en un proceso.
El órgano capacitado para denunciar esta
inconstitucionalidad tiene que cumplir una serie de exigencias:
En primer
lugar tendrá que plantear esta cuestión una vez que ha concluido el
procedimiento en curso y siempre dentro del plazo para dictar sentencia.
Deberá
concretar que ley o que norma cree que es inconstitucional.
Señalará el
precepto constitucional infringido.
Especificará y
justificará en que medida afecta al proceso la inconstitucionalidad de la
norma.
Antes de que el TC dicte sentencia mediante
auto, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que
ambas tengan la posibilidad de realizar las alegaciones que consideren
oportunas. Una vez hechas las alegaciones, el juez (del TC) resolverá en un
plazo de tres días, y el auto que resulte no es susceptible de recurso.
b. Conocerá del recurso de amparo por
violación de los derechos fundamentales y libertades públicas.
La finalidad de este recurso es restablecer
los derechos y libertades que han sido dañados, y únicamente se acudirá a este
recurso una vez agotada la vía judicial. (visto en Derecho Constitucional).
c. Conocerá de los conflictos constitucionales
entre el Estado y las CCAA, y las CCAA entre si.
Estos conflictos constitucionales son aquellos
que surgen entre el Estado y una o varias CCAA, y entre dos o más CCAA entre
si, además entre el Gobierno con el Senado, el Congreso, y el CGPJ, y entre los
estos últimos órganos constitucional. En otro ámbito pueden surgir conflictos
en cuanto a la autonomía local, si municipios o provincias tienen problemas con
el Estado o la CCAA.
Los conflictos señalados pueden ser:
Positivos.
Dos órganos de los señalados anteriormente reclaman para si la competencia de
un asunto. Este conflicto positivo lo va plantear uno de los dos órganos ante
el TC, pero este órgano antes de plantear el conflicto podrá hacer uso del
“requerimiento de incompetencia”, esto es, pedir al otro órgano que se abstenga
de desempeñar la competencia.
El órgano requerido puede abstenerse o bien
puede rechazar este requerimiento, y en consecuencia el órgano requirente
planteará el conflicto. A posteriori el TC dictará sentencia declarando cual de
los dos órganos tiene competencia para conocer.
Negativos.
Algún órgano de los mencionados anteriormente se niega a conocer del asunto. En
este caso un órgano le dice a otro que conozca, si el órgano admite la
competencia no hay problema, pero si la rechaza, el órgano requirente planteará
el conflicto negativo ante el TC, y este Tribunal resolverá a que órgano le
corresponde conocer.
d. Conocerá de los conflictos de los órganos
constitucionales y el Estado. Además de los conflictos en defensa de la
autonomía local.
En este caso cuando el Congreso de los
Diputados, el Senado o el CGPJ consideren que otro de estos órganos está
asumiendo funciones que no le corresponden. El órgano requirente pedirá que
revoque esa función, y si el segundo no deja de conocer, el primero planteará
un conflicto de competencias. El TC oirá al órgano requerido, para que este
alegue por qué lleva a cabo estas funciones, y posteriormente decidirá a cual
de estos órganos corresponde la competencia.
La primera modificación de la LOTC de 1999 se realiza sobre
esta materia.
e. Conocerá de la declaración sobre la
constitucionalidad sobre los tratados internacionales.
La segunda reforma se plantea en cuanto a esta
cuestión. El procedimiento de declaración es muy similar a los anteriores.
El Gobierno, el Congreso o el Senado pueden
pedir al TC que se declare sobre la constitucionalidad de un tratado
internacional que ha sido firmado por España pero no ratificado.
f. De las impugnaciones previstas en el Art.
161. 2.
2. El Gobierno podrá
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá
la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su
caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
g. De la verificación de los nombramientos de
los magistrados del TC.
Para juzgar o conocer si al nombrar a los
magistrados, estos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la LOTC para poder ser miembro.
h. De las demás materias que le atribuya la Constitución como las
demás materias orgánicas.
i. De las cuestiones prejudiciales e
incidentales.
El Art. 3 de la LOTC. Han referencia a
que el TC podrá resolver estas cuestiones incidentales y estas cuestiones
prejudiciales que aunque no sean esencialmente del orden constitucional si
están relacionadas con alguna de las competencias constitucionales.
j. De la adopción de medidas cautelares.
Son aquellas medidas que prevé el TC en los
artículos 30 y 56 de la LOTC.
k. De la ejecución de sentencias.
Se señalará que órgano es el encargado de
ejecutar la sentencia del TC, y además cual es el órgano que resuelve las
incidencias que surjan en la ejecución
2. El Tribunal de Cuentas.
Regulación.
Se regulan en el Art. 136
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano Fiscalizador de
las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por
delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del
Estado.
2. Las cuentas del Estado y del
sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas
por este. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción,
remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda,
comunicara las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere
incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de
Cuentas gozaran de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a
las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulara la
composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.
Este artículo tiene relación con la Ley Orgánica. 2 / 82
de 12 de mayo, y por la LO
7 / 88 de 5 de abril.
Funciones.
La fiscalización de las cuentas públicas del
Estado, y el enjuiciamiento de los responsables contables de estas cuentas.
Composición.
Por 12 consejeros de cuentas, designados a
partes iguales por el Congreso y Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros,
por un periodo de 9 años. Bajo los siguientes requisitos:
-
Han de ser: gestor jurado de cuentas, magistrado,
fiscal, profesor universitario, funcionario público con titulación superior,
abogado o economista.
-
Con más de 15 años de ejercicio profesional
El Presidente de este Tribunal de Cuentas será
nombrado por el Rey de entre sus miembros, a propuesta del Pleno, y por un
periodo de tres años. Siendo inamovibles e independientes.
Ante las resoluciones impuestas
por el Trib. de Cuentas se podrán interponer recurso de casación o recurso de
revisión ante la Sala
3ª del TS, de lo Contencioso-Administrativo.
Estructura.
Pleno (12), sección de enjuiciamiento (6),
salas (3), y en consejeros de cuentas (órganos unipersonales).
3. Tribunales militares
Regulación.
El Art.107.5 de la CE trata sobre estos
tribunales, que se desarrolla en la
LO 4 / 87 de 5 de julio, de la Competencia y
Organización de la
Jurisdicción militar, esta es la legislación principal aunque
se desarrolla mediante otras leyes.
Naturaleza
Son
____________________________________
Competencia.
Se limita al ámbito estrictamente castrense,
que son los hechos penales tipificados en el Código miliar, y en cuanto a
supuestos de “estado de sitio”.
Órganos jurisdiccionales
militares.
Se acude para que estos instruyan y enjuicien
las cuestiones de su competencia, y se diferencian en cuatro órganos:
- El Tribunal Militar Central. Es competente en todo el
territorio nacional español, su sede se encuentra en Madrid, y a su vez de
este Tribunal depende otros dos Juzgados Togados Militares.
- Tribunales Militares Territoriales. Son 5, sus sedes
se encuentras en las siguientes capitales de provincia: Madrid, Sevilla,
Barcelona,
- Los Juzgados Togados Militares Territoriales.
Los últimos realizan la fase de instrucción,
en la cual se va a determinar de forma concreta si existen suficientes indicios
para condenar a una persona militar por un hecho delictivo.
Los tres primeros tipos de tribunales
militares se encargan de enjuiciar, en esta fase enjuiciamiento se absolverá o
condenará a una persona.
4. Tribunales consuetudinarios.
Son considerados órganos
jurisdiccionales especiales, con unas funciones y organización específica. Este
tipo de tribunales permiten la participación ciudadana en la administración de
justicia.
En España existen sólo dos tribunales de esta
naturaleza. El Tribunal de las Aguas de Valencia, y el Consejo de Hombres
Buenos de Murcia.
A. El Tribunal de las Aguas de Valencia.
Tiene un origen desconocido. Se encuentra
regulado en el Decreto de 5 de abril de 1932, en el que únicamente se reconoce
su existencia.
Se compone de 8 síndicos jueces que se van a
corresponder a las Acequias y las Comunidades de Regantes de Valencia. Teniendo
en cuenta el Río Turia. En la margen izquierda del río hay tres jueces o
síndicos: Rascaña, Mestalla y Tornos; y cinco por la margen derecha del río:
Rovella, Favana, Cuart, Benacher-Faitanar, y Mislata.
Si ejercen funciones administrativas se
denominarán síndico, y si desempeñan funciones jurisdiccionales serán jueces.
Los miembros se elegirán de forma democrática en cada una de las Comunidades de
Regantes y las ordenanzas de cada Acequia.
Requisitos: labradores, propietarios o
cultivadores directos que riegan las acequias. Y se elegirán por un periodo
máximo de tres años, con la posibilidad de ser reelegido.
El Presidente del Tribunal de Aguas será un
juez de la margen derecha, y ejerce tres funciones: policía de vistas,
dirección del juicio, y voto (pero su voto no será de “calidad”, es decir, no
vale doble). El Vicepresidente será el juez de la margen izquierda.
B. El Consejo de Hombres
Buenos de Murcia.
Se regula en la LO 13/99 de 14 de mayo, esta ley va a crear el
apartado 4 del Art. 19 de la
LOPJ. Este Consejo adquiere un carácter jurisdiccional, antes
se consideraba un órgano administrativo.
Tiene su origen en la época árabe, se conoce
desde el año 1614 con el nombre de “sobreacequis” o magistrado de la huerta.
Competencias.
Son similares a las del Tribunal de Aguas de
Valencia, son las siguientes:
-
Conflictos que surjan entre los regantes.
-
Reclamaciones sobre los perjuicios ocasionados a
terceros.
-
De los abusos e infracciones de las ordenanzas.
Composición.
TRIBUNALES SUPRANACIONALES.
Son aquellos que ejercer su
jurisdicción en España pero en base a un tratado internacional. Como
consecuencia de la incorporación de la España al ámbito de los países democráticos
europeos van a nacer tres clases de relaciones jurídicas internacionales:
5. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Está previsto en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y en los protocolos que lo desarrollan. Ejerce su
jurisdicción sobre todos los estados miembros del Consejo de Europa (46
miembros).
a. Organización del tribunal.
Ha sido reformada por la entrada en vigor del
protocolo nº 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta reforma se
realiza de la siguiente manera: dejará de existir la Comisión Europea
de Derechos Humanos (se consideraba un filtro administrativo antes de pasar a
la fase jurisdiccional), para pasar a que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se convierta en el único tribunal. Es el único tribunal con un sistema
de doble instancia.
b. Composición.
Está integrado por 46 miembros, uno por casa
Estado de los que forman el Consejo de Europa.
c. Elección de los jueces.
Son elegidos por Asamblea consultiva por un
periodo de 6 años, renovándose cada 3 años la mitad de los componentes. Son
requisitos para formar parte de este tribunal:
o
Gozar de alta consideración moral.
o
Reunir las características generales para
ejercer la función jurisdiccional.
d. Reglamento de
funcionamiento.
Es el de 24 de noviembre de 1982,
reformado en el año 1998.
e. Sede.
Se encuentra en Estrasburgo.
f. Competencias.
Este Tribunal conocerá de todas los asuntos
sobre la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y
de sus protocolos. Esta competencia puede ser doble:
Esta competencia puede ser doble, puede actuar
como un órgano administrativo-funcionarial en Pleno con todos sus miembros.
Funciones administrativas:
-
Elegir presidente y vicepresidente del TEDH por un
periodo de 3 años y pudiendo ser reelegidos.
-
Aprobar el Reglamento del TEDH.
-
Podrá decidir la composición de las Salas.
Como órgano jurisdiccional podrá estructurarse
en tres formas:
Comité.
Integrado por 3 jueces, se encargará de admitir o rechazar las demandas
presentadas por los particulares ante el TEDH. Para poder presentar un
particular una demanda debe haber agotado previamente todos aquellos recursos
internos que tengan previsto el Ordenamiento Jurídico donde reside el
particular.
Sala. Están formadas por 7 jueces, están
encargadas de admitir o rechazar las demandas que se presentan por los
particulares cuando los Comités no se han pronunciado sobres ellas, y las
demandas presentadas por los Estado miembros.
Gran Sala.
Está formado por 17 jueces, estos van a conformar la Jurisprudencial en
materia de Derechos Humanos. Resolverán las demandas individuales presentadas
por los particulares cuando una sala eleva una demanda cuando tenga dudas sobre
la aplicación o interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Además tiene competencias consultivas, es
decir, el Comité de Ministros del Consejo de Europa le va a pedir opinión
acerca de la aplicación e interpretación del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
6. Tribunal de Justicia de la
UE.
Los tratados constitutivos
de las diferentes Comunidades Europeas van a crear dos tribunales: 1. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y 2. El Tribunal de Primera
Instancia. Son los máximos intérpretes del Derecho Comunitario.
a. Función principal.
Conocer y resolver todas aquellas dudas que
surjan de la aplicación de los Tratados Comuniarios, entre las personas
sometidas al Ordenamiento de los Estados miembros. Resolverán aquellas dudas y
problemas entre:
-
Las distintas instituciones de los Estados miembros.
-
Los problemas entre los Estados y las instituciones.
-
Los problemas entre las instituciones.
-
Aquellas dudas que puedan surgir entre las instituciones
y los particulares.
b. Sede.
Luxemburgo.
c. Futura modificación.
La entrada en vigor de la Constitución va a
modificar la estructura jurisdiccional, por la cual va a quedar solo un
tribunal, que se denominará Tribunal de Justicia.
a. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Lo forman 25 jueces, uno por cada
estado miembro de la UE ,
estos son nombrados de común acuerdo con los Gobiernos de cada unos de los
estados miembros. El presidente se elegirá de entre estos 25 jueces por un
periodo de 6 años renovable.
Requisitos para ser juez
comunitario:
-
Juristas de reconocido prestigio.
-
Tienen que ofrecer suficientes garantías para ser
elegidos: imparciales, independientes… etc.
Estructura.
Este tribunal podrá funcionar en pleno, los
25; en gran sala, 11 jueces; o por sala, de 3 a 5 jueces.
Funciones.
Este tribunal tiene 3 funciones:
1. Resolver cuestiones prejudiciales sobre la
interpretación de normas de Derecho Comentario, que son planteadas por los
órganos jurisdiccionales de los estados miembros. Habiéndose agotado
previamente los recursos internos del estado miembro.
2. Resolverá los casos que no tengan prevista
casación.
3. Resolverá los recursos de casación que se interpongan contra las resoluciones
dictadas por el tribunal de primera instancia.
Personal no jurisdiccional.
También formarán parte de este tribunal: una
secretaría con estatuto propio, y 8 abogados generales. Estos son nombrados uno
por cada estado “grande” (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, y el
resto por los estados pequeños).
La función de estos abogados es asesorar al
tribunal, realizando las conclusiones de los casos a los que se enfrenta el
tribunal. (Son una especie de Ministerio Fiscal).
b. Tribunal de 1ª instancia.
También tiene 25 miembros, de
ellos uno será el Presidente. En este tribunal no habrá abogados asesores, pero
si una secretaría, a la que se le incorpora el personal jurisdiccional.
Funciones
-
Conocerá de los asuntos presentados en primera
instancia, por tanto, pretensiones presentadas por personas físicas o jurídicas
contra la UE.
-
Se encarga de cuestiones prejudiciales.
-
Tratará de descargar al tribunal de las Comunidades
Europeas de los asuntos que pueda llevar a cabo.
7. La Corte Penal
Internacional.
Se aprueba el 17 de julio de
1998, su objetivo es enjuiciar a los autores de los crímenes más graves
cometidos contra la humanidad. El origen se encuentra en la idea de la
existencia de una serie de tribunales que pudiesen enjuiciar los grandes
delitos contra la humanidad y los autores.
La entrada en vigor del estatuto de 1998 se
produce en el 1 de julio de 2002, una vez que el estatuto ha sido ratificado
por 60 países (ente los que no están EEUU, China o Israel). España lo ratificó
el 27 de mayo de 2002.
El Estatuto consta de 128 artículos.
Este tribunal, es una organización
internacional con personalidad jurídica propia, lo que le hace independiente
del resto de organizaciones internacionales.
Ejercerá su jurisdicción de forma subsidiaria,
es decir, cuando el Estado en el que se ha cometido el crimen de guerra no
puede o no quiere inicial el proceso.
Competencias:
Delitos de: genocidio, guerra, crímenes contra
la humanidad, y crímenes de agresión.
Organización.
Se estructura en un doble sistema. Una sección
de primera instancia, y una sección de apelaciones.
Tema 4. El Poder Judicial organización.
1. Conceptos generales.
Según el Art. 122 de la CE la LOPJ determinará la
organización, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Esta es
la 6 /1985 de 1 de Julio,
En su artículo 104 declara que el Poder
Judicial se organiza y ejerce sus funciones en virtud de dos principios: el
principio de unidad y de independencia. El Gobierno del Poder Judicial
pertenecerá al CGPJ (Art. 104.2), y ejercerá sus funciones en todo el
territorio nacional.
Con subordinación al CGPJ aparecen las Salas
de Gobierno: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, y el Tribunal Superior de
Justicia. Estas Salas de Gobierno ejercen las funciones que la ley les
atribuye.
Para que pueda llevarse a la práctica esta
potestad jurisdiccional deben aunarse tres circunstancias: la presencia de
miles de personas, la existencia de cientos de órganos, y el uso necesario de
suficientes dotaciones materiales. Y todo esto provoca que se necesite una actividad
administrativa de gobierno. Originariamente esta actividad administrativa
estaba atribuida al Poder Ejecutivo, pero esto provocaba un problema porque el
PJ pasaba a ser un mero administrador de justicia, hoy en día no es así, y la CE lo resuelve de dos formas:
desapodera al Gobierno de las competencias, y crea el CGPJ para la
administración.
Para garantizar la independencia del Poder
Judicial hay varias consideraciones sobre el papel del Ministerio de Justicia.
Un sector doctrinal considera que debería desaparecer, y otro sector doctrinal
opina que debe limitarse a redactar proyectos de ley y/o asesorar jurídicamente
al Gobierno. (Estas fueron las posturas a la hora de redactar la CE ).
El Consejo General del Poder Judicial, su
finalidad es que se hará cargo de todos aquellos asuntos que hasta el momento
fueron competencia del Ministerio de Justicia y todos aquellos asuntos que
implicaban una intervención en el Poder Judicial.
Se pretende mediante estos mecanismos que se
de la separación de poderes efectiva, y que los tres poderes estén al mismo
nivel.
2. Consejo General del Poder Judicial
Estas orientaciones e mantienen hasta ahora. La LOCGPJ se promulgó en
periodo de la UCD ,
y la LOPJ se
redactó durante la mayoría absoluta del PSOE.
A. Competencias del CGPJ.
Las competencias que reconoce la LOPJ pueden ser de dos
formas: de decisión o de informe.
Las competencias decisorias o de decisión:
- Propuesta para nombrar al Presidente del CGPJ y al
Presidente el TS, por mayoría de 3/5.
- Propuesta para nombrar a dos magistrados del TC por
mayoría de 3/5.
- Inspección de juzgados y tribunales.
- Competente para todo lo relacionado con el Estatuto
de jueces y magistrados. El (Ministerio de Justicia se va encargar del
personal no judicial al servicio de
- Nombramiento de jueces, magistrados, presidentes y
magistrados del Tribunal Supremo.
- Se encarga de
- Elaborar, dirigir la ejecución y controlar que se
cumplen los Presupuestos del CGPJ.
- Potestad reglamentaria interna, que está relacionada
con el mismo Reglamento del Consejo. Este Reglamento (1/86 de 22 de abril)
es la norma de organización y funcionamiento del CGPJ.
- Potestad reglamentaria externa, que se utiliza para
regulaciones secundarias y auxiliares.
Las competencias de informe o audiencia:
- Deben oír al Consejo: las Cortes, el Gobierno y las
CCAA, en los siguientes supuestos:
- Se habla de un informe sobre anteproyectos de leyes
y disposiciones generales que afecte al Poder Judicial y sus miembros, al
personal no judicial, a los juzgados y tribunales, a las normas
procesales, a las leyes penales, a las normas de régimen penitenciario.
- Memoria sobre el estado, funcionamiento y
actividades del Consejo y de los órganos jurisdiccionales. Esta memoria
tiene que elevarse de forma anual a las Cortes.
- Audiencia para que el Gobierno nombre al Fiscal
General del Estado.
B. Composición.
Este Consejo General está integrado por un
Presidente, que es el mismo Presidente que el del Tribunal Supremo, y por 20
vocales que serán nombrados por el Rey por un periodo de 5 años.
De entre estos 20 vocales, 12 de ellos son
elegidos de entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, que
han de cumplir una serie de requisitos:
-
Se tienen que hallar en servicio activo.
-
No tienen que ser miembros del Consejo saliente.
-
No deben haber prestado ningún tipo de servicio a los
órganos de este Consejo.
Esta propuesta de 12 miembros es formulada al
Rey por el Congreso y el Senado, y le corresponderá a cada una de estas cámaras
la propuesta de 6 vocales, elegidos por mayoría de 3/5.
Los ocho miembros restantes son elegidos por
el Congreso (4) y Senado (4), nombrados por el Rey, de entre abogados y juristas
de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional. Se
elegirán en las cámaras por mayoría de 3/5 de sus miembros, en la misma sesión
en la que se eligen los primeros 12 vocales.
C. Organización.
Según el Art. 122 de la LOPJ este CGPJ tiene los
siguientes órganos:
§
Presidente.
§
Vicepresidente.
§
Pleno.
§
Comisiones: Comisión Permanente, Comisión
Disciplinaria, Comisión de Calificación, Comisión de Estudios en Informes, y
Comisión Presupuestaria.
Colaboran con todos estos órganos los
siguientes órganos técnicos: el Secretario General, el Gabinete Técnico, el
Servicio de Personal Judicial, Gerencia, y el Interventor.
Contra las resoluciones administrativas
(acuerdos) se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 3ª del TS, estos
acuerdos dictados por este Consejo se acordarán por mayoría de los presentes,
excepto cuando la ley diga otra cosa.
El Presidente tiene voto de calidad, es decir,
que dirimirán las votaciones en caso de empate. En caso de discrepancias los
vocales pueden hacer votos particulares.
Los acuerdos alcanzados deben estar motivados,
y deben ser documentados por el Secretario General, y los firmará el
Presidente. Y posteriormente se publican en el BOE. El CGPJ no necesita de otro
órgano, puede ejecutar sus propios actos.
3. Pseudogobierno autónomo mínimo.
En conclusión, este Consejo no
gobierna al Poder Judicial, simplemente es considerado como una oficina
ejecutiva para el control de jueces y magistrados. Por lo tanto, no puede hablarse
de gobierno autónomo del Poder Judicial, sino de pseudogobierno autónomo mínimo
puesto que sus competencias se consideran muy limitadas.
4. Salas de Gobierno.
Los órganos colegiados son 4, el Tribunal
Supremo, la
Audiencia Nacional , el Tribunal Superior de Justicia y las
Audiencias Provinciales. De estos, tanto el TS como el TSJ, y la Audiencia Nacional
disponen de dos tipos de órganos: órgano administrativo (Sala de Gobierno) y un
órgano jurisdiccional (Salas de Justicia).
Las Audiencias Provinciales no tienen esta
división, sus funciones administrativas se integran en el TSJ.
Por lo tanto las funciones administrativas del
Poder Judicial son competencia del CGPJ y de las Salas de Gobierno de los
órganos colegiados (excepto las de las Audiencias Provinciales).
a. Composición de las Salas de
Gobierno.
Las Salas de Gobierno del TS y de la Audiencia Nacional ,
están formadas por el Presidente del tribunal respectivo, además por los
Presidentes de las Salas de Justicia (3 en el caso de la AN , y 5 en caso del TS).
En cuanto al número de magistrados que
componen las salas, es igual al número de Presidentes de las Salas de Justicia.
Serán elegidos por todos los magistrados que integran el tribunal.
El número de magistrados y jueces es igual al
de los Presidentes de la Audiencia Provincial de la Comunidad Autónoma.
Estos serán elegidos por todos los miembros de la carrera judicial que se
hallen en servicio activo, siempre que fueran destinados en los órganos
judiciales de la
Comunidad Autónoma. Cuando el número de miembros es elevado
(> 10) la Sala
se estructurará en Pleno y Comisión.
b. Funciones de las Salas de
Gobierno.
Funciones generales (todos los
óranos colegiados) de las Salas de Gobierno:
- Aprobar normas de reparto de asuntos entre las
secciones de cada Sala de Justicia.
- Establecer de forma anual los turnos para la
composición de salas y secciones, y fijar normas de asignación de
ponencias a los magistrados.
- Completa provisionalmente la composición de las Salas
cuando sea necesario.
- Ejerce facultades disciplinarias sobre los
magistrados.
- Recibe juramento o promesa de esos magistrados y les
da posesión.
- Propone al CGPJ los magistrados suplentes.
- Propone al Presidente de
- Resolverá expedientes de jubilación por incapacidad
de los magistrados.
- Elaborará una memoria anual sobre el funcionamiento
del tribunal.
Funciones complementarias de las
Salas de Gobierno de los TTSSJJ:
- Aprobar normas de reparto de asuntos entre las
Secciones de las Audiencias Provinciales y las Salas de Justicia del TSJ,
y los juzgados del mismo orden jurisdiccional con sede en la misma
Comunidad Autónoma.
- Nombrar jueces de paz.
- Nombrar y seleccionar a los jueces de previsión
temporal.
Estas Salas de Gobierno pueden
actuar en pleno y en comisión.
c. Funcionamiento.
Es un órgano colegiado administrativo que se
encuentra regulado en los artículos 153 a 159 de la LOPJ , y apoyado en el Reglamento 1/2000 de 26 de
julio, aplicada supletoriamente la
Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Para la constitución de estas Salas de
Gobierno es igual que se estructure en Pleno o Comisión, porque se exigirá la
mayoría de sus miembros y que hayan sido citados con 24 horas de antelación.
Para la resolución de los asuntos de la Sala , se nombrará un ponente
que formulará la propuesta de acuerdo que será sometida a votación. Estas
resoluciones o acuerdos adoptados podrán recurrirse mediante recurso de alzada
ante el CGPJ y se resolverá ante el Pleno del Consejo. Con posibilidad de
interponer un ulterior recurso contencioso-administrativo ante la Sala 3ª del TS.
El Ministerio Fiscal no forma parte de estas
Salas de Gobierno, pero si podrá actuar en los casos en los que la ley
considere imprescindible su presencia.
El Secretario de la Sala de Gobierno realiza
funciones de documentación.
5. Presidentes de los Tribunales y de las Audiencias.
Los presidentes de estos órganos colegiados
tienen las siguientes características:
-
Son órganos administrativos.
-
Carecen de jurisdicción.
-
Carecen de inmovilidad absoluta.
-
Son nombrados por un periodo de 5 años.
Sus funciones:
x. Convocan, presiden y fijan el orden del día
de la Sala de
Gobierno
x. Ejecutan los acuerdos de la Sala de Gobierno.
x. Determinarán el reparte de asuntos entre
secciones.
x. Dirigen la inspección entre juzgados y
tribunales.
x.
Ejercen los poderes dirigidos al buen orden del tribunal y el
cumplimiento de los deberes del personal de la Sala de Gobierno.
x. Tienen potestad disciplinaria por faltas
leves de jueces y magistrados.
x. Escuchan las quejas que los interesados les
hagan en causas y pleitos.
x. Podrán dirigir órdenes de carácter
administrativo, no judicial, a los juzgados y tribunales para su mejor
funcionamiento. Dará cuenta de estas órdenes al Tribunal Supremo, o al CGPJ.
Funciones propias del TS → Se creará un
gabinete técnico de documentación e información y éste dependerá del
Presidente.
Funciones propias del Presidente de un TSJ →
Representa al Poder Judicial en la Comunidad Autónoma
correspondiente, siempre que no concurra con el ejercicio del Presidente del
TS.
Funciones del Presidente de una Audiencia
Provincia → Como sabemos en estos tribunales no hay Sala de Gobierno, por lo
que podrá llegar a asumir funciones jurisdiccionales muy limitadas.
6. Presidentes de Salas de Justicia.
Son órganos
jurisdiccionales, por lo que ejercerá una función jurisdiccional puesto que
lleva a cabo labores propias de los jueces y magistrados.
Además asume funciones de dirección
administrativa de estas Salas.
Tiene la dirección e inspección todos los
servicios y asuntos.
Ejercerá funciones disciplinarias sobre todo
el personal que esté al servicio de la
Sala.
7. Los jueces.
Son titulares de potestad
jurisdiccional y cuando actúan como órganos unipersonales asumen funciones
jurisdiccionales y funciones administrativas.
8. Jueces decanos.
En cada uno de los juzgados
el juez asume funciones administrativas, y podrán existir problemas
administrativos comunes a todos los juzgados de una población, para
solucionarlos aparece la figura de los jueces decanos.
Nombramiento del juez decano.
Se nombrará al juez decano dependiendo del
número de juzgados que tenga la población. Para las poblaciones con > de 10 juzgados, se hará una primera
votación en la que se elegirá al decano por mayoría de 3/5, que si no prospera
bastará una mayoría simple en segunda votación, y en caso de empate resolverá
el juez que tenga mayor jerarquía. En las poblaciones con < de 10 juzgados,
se elige al juez que esté situado en el mayor escalafón.
Normalmente el juez decano no pierde sus
funciones, pero en los partidos judiciales con más de 40 juzgados de diferentes
órdenes jurisdiccionales se liberará de sus funciones jurisdiccionales.
Se encargan de controlar la labor
de los jueces decanos.
9. Juntas de jueces.
Los jueces de cada orden
jurisdiccional pueden reunirse en juntas de jueces, presididas por el juez
decano para proponer normas de reparto de asuntos, unificar criterios, y para
tratar asuntos comunes. Se regulan en el Art. 169 y 170 de la LOPJ , que se desarrolla en el
Reglamento 1/2000.
Hay tres juntas de jueces:
-
Juntas de jueces general. Formarán parte de estas
juntas los jueces de una misma población o municipio, la presidirá el juez
decano, y será convocada cuando lo pida la cuarta parte de sus miembros, y
resolverán los asuntos de interés común que afecten a los titulares de todos o
alguno de los juzgados.
-
Juntas de jueces sectorial. Comprende a los jueces de
una población y de un mismo orden jurisdiccional, también la preside el juez
decano, es convocada de igual modo que la Junta General , y
tratar los mismos asuntos.
-
Juntas de jueces provincial o de la comunidad autónoma.
Está integrada por los jueces de carrera de una provincia o de una comunidad
autónoma, convocadas por el Presidente del TSJ y la preside el juez más
antiguo.
10. La inspección de los tribunales.
El Art. 176 de la LOPJ regula la inspección
sobre los tribunales. Lo hace en dos sentidos: uno positivo que consiste en la
actuación administrativa, y el negativo se refiere a la actuación
jurisdiccional.
La actuación administrativa es el examen que
se hace de lo necesario para conocer del funcionamiento de juzgados y
tribunales y para conocer del cumplimiento de los deberes del personal
jurisdiccional.
La actuación jurisdiccional, esta inspección
en sentido negativo no se refiere a la interpretación y aplicación de las leyes
hechas por los juzgados y tribunales, sino que se refiere al control de la
actuación formal. Es decir, no el contenido de las sentencias, sino que se
realice apropiadamente el proceso (plazos, requisitos…).
Los órganos de la inspección.
Están regulados en los Arts. 171 y siguientes de la LOPJ , y tienen un reglamento
propio R. de organización y funcionamiento del CGPJ.
Caben tres niveles de inspección: superior,
ordinaria e interna.
Superior.
Le corresponde realizar esta inspección al CGPJ y comprenderá la inspección de
todos aquellos órganos judiciales comprendidos dentro del Poder Judicial, ésta
puede ser realizada por el Pleno o el Presidente del CGPJ y realizarán esta
inspección sobre cualquier juez o magistrado que consideren que no está
llevando a cabo su labor. El control se hará por parte del Servicio de
Inspección del CGPJ.
Ordinaria.
Le corresponde al Presidente del TS inspeccionar las Salas y Secciones de su
tribunal, le corresponde al Presidente de la Audiencia Nacional
inspeccionar las Salas de la AN
y de los juzgados centrales, y le corresponderá al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia inspeccionar a los juzgados dependientes de este.
Interna.
Le corresponderá a los jueces y presidentes de las Salas y Secciones, actuarán
cuando tenga que adoptarse una medida que no sea de su competencia y en caso
que tengan que despachar visitas a algún juzgado o tribunal. Esta inspección se
ha solicitar a los presidentes del TS, de la AN o de TSJ.
Tema 5. Principios políticos de la jurisdicción.
1. La unidad de la
jurisdicción.
La unidad se basa en
los siguientes artículos:
Ø
Art. 117. 5 CE. Dice que el principio de la
unidad jurisdiccional es la base del funcionamiento de juzgados y tribunales.
Ø
Art. 2.1 de la LOPJ. Dice que la
jurisdicción admite y reconoce que se desarrollen otros órganos en el ámbito
internacional, en base a los tratados internacionales en los que España es
parte. Por lo tanto este artículo estudia la unidad jurisdiccional desde el
ámbito nacional y desde el internacional.
Ø
Art. 3.1 de la LOPJ. Considera
que la jurisdicción es única y que se ejerce por los juzgados y tribunales
señalados por la Ley. Sin
perjuicio de aquellas potestades jurisdiccionales atribuidas por la Constitución a otros
órganos.
De la redacción de estos
artículos realizamos las siguientes conclusiones:
Podemos hablar de una jurisdicción política o
amplia, que está integrada por los órganos reconocidos en la CE son los llamados los
tribunales constitucionales especiales y ejercerán funciones para resolver
conflictos jurídicos independientemente de la naturaleza y los órganos (TC,
Trib. Cuentas, Trib. Militar y Trib. Consuetudinarios). Por otra parte existe
la jurisdicción en sentido lato o estricto, que es la auténtica jurisdicción y
se integra por los órganos reconocidos en la LOPJ , son llamados órganos jurisdiccionales
ordinarios, se encargan de los asuntos reconocidos en la LOPJ.
Se distingue entre órganos jurisdiccionales
ordinarios y especiales. Los primeros son los que están recogidos en la LOPJ y están servidos por
aquellos jueces y magistrados señalados por esta misma ley, estando sometidos
en su ejercicio al CGJP. Los órganos jurisdiccionales especiales son aquellos
que se integran en la jurisdicción política o amplia, estos tienen una función
y organización específica fuera del ámbito de la LOPJ.
La esencia de la unidad jurisdiccional.
Esta unidad supone que únicamente los juzgados
y tribunales reconocidos en la
LOPJ pueden ejercer la función jurisdiccional en el sentido
de aplicar la norma para resolver los conflictos jurisdiccionales.
Anteriormente han existido ya han sido
derogados (Ej. Tribunal para la
Represión de la
Masonería y el Comunismo, Tribunales de Honor…).
Hoy en día existen dos excepciones:
- Jurisdicción eclesiástica. El Estado reconoce esta
jurisdicción, según Concordato de 27 de Agosto de 1953 (hasta 1979)
establecía que el Estado español reconocía a
- Arbitraje. Esta institución arbitral permite la
resolución de conflictos basándose en la decisión de un tercero elegido
libremente por las partes, se puede considerar que esta es una excepción
relativa porque las cuestiones de ejercicio son limitadas y porque no
podrá ejecutar sus decisiones.
2. Poder judicial único y Comunidades Autónomas.
La estructura política del estado
español es compleja, dado que está dividido en CCAA. Esta división da lugar a
un problema, es el de saber si la función jurisdiccional se le otorga también a
las CCAA.
Para solucionar este problema
aparecen los estatutos de autonomía, y en estos estatutos se va a incluir un
capítulo dedicado a la
Administración de Justicia, que otorgan a cada CCAA la
administración judicial dentro de la misma.
El Art. 149.1.5 de la CE establece la competencia
exclusiva del estado en materia de Administración de Justicia cuando no hay
regulación en el estatuto de autonomía, lo que excluye cualquier tipo de
intromisión por parte de las CCAA.
Ante estas dudas el Tribunal
Constitucional establece la siguiente distinción. La Administración de
Justicia (con mayúsculas) es el ejercicio de la función jurisdiccional, y la
administración de la
Administración de Justicia es la aportación de los elementos
necesarios para llevar a cabo la función jurisdiccional.
Los elementos necesarios que aporta la
administración de la
Administración de Justicia, pueden ser medios materiales
–aquellos necesarios para que los órganos jurisdiccionales puedan llevar a efecto
su función (edificios, mobiliario…)- y también pueden ser personales –hablamos
del personal auxiliar colaborador (oficiales, forenses…)-.
Las competencias para la selección de los
medios personales y materiales, corresponden tanto al Estado como a las CCAA.
En cuanto a la contratación del personal laboral, ésta se lleva a cabo por el
Ministerio Fiscal o bien mediante traspaso a las CCAA.
Por lo tanto, la jurisdicción no es
compartible ni divisible. Cuando decimos que no es compartible esto supone que
no puede atribuirse poder jurisdiccional a las CCAA ni a ningún otro poder del
Estado que no sea el judicial, en consecuencia la jurisdicción solamente
corresponderá a los juzgados y tribunales incluidos en la LOPJ y los órganos
jurisdiccionales especiales tienen una jurisdicción diferente.
La jurisdicción tampoco es divisible, esto es,
es única lo que da lugar a dos puntos: órdenes y órganos. La jurisdicción es
única pero existen diferentes órdenes jurisdiccionales y cada uno de ellos va a
tratar diferentes materias. Hablamos de cuatro órdenes: orden civil, orden
penal, orden laboral y orden contencioso administrativo. Cada uno de ellos se
encarga de las materias propias de la materia que tratan (civil→divoricios,
penal→delito de homicidio).
En cuanto a los órganos, cada juzgado y
tribunal integrado dentro de cada orden jurisdiccional conocerá de la totalidad
de la jurisdicción
Tema 6.Principios políticos de la jurisdicción (II).
1. La exclusividad de la jurisdicción
Se regula en dos artículos Art. 107 de la CE y Art. 2.1 de la LOPJ. La unión de estos
dos artículos da lugar a que digamos que el ejercicio de la función
jurisdiccional va a corresponder exclusivamente a los jueces y tribunales
determinados en las leyes y en los tratados internacionales. Esta función
jurisdiccional se considera exclusiva porque, no solo puede desarrollarse por los
juzgados y tribunales señalados en las leyes, sino que además se considera
exclusiva porque es la única función que puede ejercer estos.
A) La exclusividad en sentido
positivo.
Significa que la función jurisdiccional queda
reservada a los juzgados y tribunales integrados dentro del poder judicial y se
prohíbe el ejercicio de esta función a todas aquellas autoridades o
funcionarios de carácter administrativo. Evitando así la intromisión de otros
entes no jurisdiccionales.
B) Exclusividad en sentido negativo.
Impide que estos órganos jurisdiccionales
desempeñen otras funciones que no sean las que le vienen encomendadas.
Con esta distinción se busca una
doble finalidad, por una parte limitar el ámbito del poder judicial, y por otra
parte hacer que los jueces y magistrados única y exclusivamente realicen las
funciones propias jurisdiccionales.
1º)
No injerencia del PJ en el Ejecutivo ni en el Legislativo.
La
prohibición de entrometerse en las funciones propias del poder legislativo la
encontramos en el Art. 12.3 de la
LOPJ que dice que los jueces y tribunales no podrán dictar
instrucciones de carácter general a cerca de la aplicación de las leyes. Si se
incumpliese esta prohibición se castigará con sanción penal, según lo dice el
Art. 506 del CP. La intromisión del PJ en el Poder Ejecutivo también será
sancionada penalmene (Art. 507 CP).
2º)
Establecimiento de un Régimen de incompatibilidades para jueces y magistrados.
La
exclusividad en sentido negativo no solo se manifiesta para establecer una
diferenciación entre las distintas funciones de los distintos poderes
judiciales, también determina que la función jurisdiccional se va a
incompatibilizar con cualquier tipo de actividad en el sector público o
privado. Por todo ello se establecen una serie de incompatibilidades de jueces
y magistrados.
Es
incompatible la función de juez y magistrado con cualquier empleo de los
juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, como funcionario
público, con el ejercicio de la abogacía
o la procuraduría, con actividades mercantiles, y con cualquier función o cargo
que implique su intervención en empresas públicas o privadas. A esta
generalidad hay que señalar una excepción, y es que pueden actuar como jueces
aquellos que impartan docencia o que lleven a cabo trabajos de investigación.
Resumiendo, el adquirir la condición de juez no impide absolutamente el desempeño
de una actividad fuera del ámbito jurisdiccional, lo que impide esta condición
es desarrollarla en el mismo momento.
Las
incompatibilidades pueden diferenciarse en tres apartados:
-
El que desempeñando cualquier actividad pública o
privada adquiera la condición de juez. La solución la señala el Art. 390 LOPJ
que es el derecho de opción, el juez debe elegir en un plazo de 8 días.
-
Quien siendo ya juez desee desempeñar otra actividad.
En este caso se solicita por el juez interesado la excedencia voluntaria, y
esta excedencia se debe mantener como mínimo durante dos años, durante los
cuales no podrá reingresar en el cuerpo judicial. Para la concesión de esta
excedencia voluntaria se ha de haber ejercido como juez al menos durante 5
años. Durante su periodo de excedencia en general ni devengará retribuciones
como juez ni se le computará el tiempo transcurrido a efectos de antigüedad.
Excepcionalmente se computarán las retribuciones como juez y antigüedad si es
para el cuidado de sus hijos.
-
Quien siendo ya juez sea nombrado para cargo en
entidades públicas. En este caso el juez o magistrado pasará a una situación de
servicios especiales, en esta situación el cómputo de tiempo transcurrido se
tendrá en cuenta a efectos de antigüedad, pero no percibirá remuneración como
juez. Se deberá incorporar a su puesto judicial, dentro de los 20 días
siguientes al cese de su cargo. Si no lo hace pasará a la situación de
excedencia voluntaria. Los Arts. 350 y 351 de la LOPJ señala los supuestos
especiales: al adquirir la condición de funcionarios o miembros al servicio de
tribunales internacionales (en un periodo superior a 6 meses), si son nombrados
miembros del TC o Defensor del Pueblo, también cuando sean nombrados vocales o
letrados del CGPJ del TS o del TC, y
finalmente cuando pasen a desempeñar cualquier cargo institucional (defensor
del pueblo o fiscal general del estado)
3º)
Aplicación con carácter general de apoliticidad de la magistratura.
Tras
la reforma de 2003 a
un juez que a pedido excedencia para presentarse en una lista de un partido, el
juez puede continuar en excedencia o bien reincorporarse inmediatamente al
servicio activo, en el plazo de 30 días. Si bien se mantiene la sospecha de
parcialidad política, y una sentencia puede ser recurrida si se cree que ha
sido viciada por su politicidad.
El
juez que sea parcial por sus ideas políticas deberá abstenerse de conocer, y si
no lo hace podrá ser objeto de recusación.
2. El derecho al juez legalmente predeterminado.
Hasta este momento hemos estudiado
un planteamiento constitucional que se reconocía en un doble contexto. En el
contexto positivo se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a ser
juzgados por un juez ordinario y predeterminado por la ley. En un contexto
negativo se prohíben los tribunales de excepción, estos son aquellos que se
constituyen o crean para conocer de un conflicto determinado y una vez
solucionado el conflicto se disuelve. Por lo tanto según la Constitución , estos
tribunales de excepción están prohibidos.
Para saber qué juez es el encargado de
solucionar el conflicto, la
Constitución establece que tipo de juez ha de conocer el caso
basándose en dos aspectos; la predeterminación y la ordinariedad del juez.
Ø
Predeterminado. Para que un juez se considere
predeterminado y además para que pueda conocer correctamente, debe preexistir
al conflicto. Tiene las siguientes características:
§
Previamente establecido y expresamente previsto
en la LOPJ.
§
Debe tener determinadas sus competencias.
§
Cuando haya multiplicidad de jueces competentes
se aplicarán las normas de reparto.
§
El órgano elegido para conocer tiene que estar
integrado dentro de la LOPJ ,
y por tanto cumplir los requisitos marcados por ella.
Las partes a
la hora de elegir un juez no pueden determinar mediante pacto quién debe ser el
juez, simplemente se les autoriza para determinar en el que tiene que
desarrollarse el proceso. Las partes podrán impugnar la competencia del órgano
que les ha sido asignada.
Por
consiguiente la predeterminación supone que: no puede crearse el órgano para
solucionar un conflicto, que no puede alterarse arbitrariamente su composición,
y que no puede alterarse el procedimiento para la designación de sus miembros.
Junto a este
concepto de predeterminación el TC señala el derecho de poder recusar al juez,
por causas que pongan en duda su imparcialidad.
Ø
Ordinario. La Constitución
considera a un juez ordinario como juez legal, por lo tanto ordinario y legal
son equivalentes. Genéricamente la causa conflictiva planteada ante un juez
deberá conocerla el juzgado o tribunal al que normalmente le corresponde
conocer, pero desde un punto de vista concreto se señala la imposibilidad de
que un órgano perteneciente a la jurisdicción ordinaria conozca de cuestiones
relativas a las que tiene que conocer un órgano jurisdiccional especial, y
viceversa.
Dentro de la
jurisdicción ordinaria hay órganos especiales y especializados.
Son especiales, por ejemplo la Sala Penal de la Audiencia Nacional
que es un tribunal único y con sede en Madrid al que se le va a atribuir el
conocimiento exclusivo de un determinado número de delitos (delitos de
terrorismo, es decir, se trata de tratamiento de competencias genéricas
adoptadas por un órgano especial.
Son órganos especializados, por
ejemplo en el orden Civil los juzgados de Familia, Tutela, Asuntos
Hipotecarios… etc, que son juzgados de primera instancia que van a conocer de
cuestiones concretas.
Tema 7. Principios constitucionales y garantías de la independencia judicial.
1. Los jueces y magistrados: principios constitucionales.
En primer lugar vamos a distinguir: juzgado,
tribunal y audiencia. Un juzgado es un órgano jurisdiccional cuya potestad la
ejerce una única persona, es decir, el juez (acompañado de el personal
auxiliar, el personal colaborador…). El tribunal es un órgano colegiado porque
la potestad jurisdiccional la ejercen varias personas, y estas personas son los
magistrados, ya sean del TS o del TSJ. La audiencia es un órgano colegiado y
por tanto está integrado por magistrados, pero forma la Audiencia Nacional
y la Audiencia
Provincial.
En un estado en el que existe la división de
poderes; judicial, legislativo y ejecutivo. Están a servicio del estado las
autoridades o gobernantes y por otro lado los funcionarios.
En cuanto las autoridades y gobernantes;
tienen potestad legislativa, judicial y ejecutiva y se rigen por un estatuto de
normas de Derecho Político. En cuanto a los funcionarios, estos no tienen
potestad, se rigen por normas administrativas. Por consiguiente los jueces y
magistrados son autoridades con un estatuto regulado por normas de Derecho
Político, y se diferencian del resto de autoridades en dos aspectos: 1.
independencia, inamovilidad e invariabilidad, y 2. por su responsabilidad e imparcialidad.
2. La independencia judicial.
Se regula en base a una
serie de artículos: 117.1 que trata del Poder Judicial, y el 127 de la Constitución. Son
relevantes los artículos 1, 12 y 104 de la LOPJ. En estos preceptos legales aparece la
palabra independencia. Significa que los
jueces al juzgar tienen que hacerlo en total libertad, sin más sometimiento que
a la ley a la hora de dictar sus resoluciones.
Es necesario que se cumplan una serie de
requisitos que aseguren la independencia de la función jurisdiccional, es lo
que se denomina intendencia “hacia dentro”, está dirigida a proteger al
juez en el momento de juzgar, impidiendo cualquier intromisión
-
Independencia funcional. Prohíbe a cualquier órgano
perteneciente al Poder Judicial entrometerse en las funciones privativas de los
jueces. Ni unos jueces pueden decirle a otros como aplicar la ley, ni tampoco
pueden hacerlo las salas de gobierno, ni tampoco el CGPJ. Características de la
independencia funcional:
o
Nunca ningún órgano jurisdiccional puede decirle
al otro como aplicar la ley. Sí podrá corregir sus decisiones aplicando los
recursos contra la sentencia.
o
Se prohíbe cualquier intromisión de un órgano
judicial ejercitando actividades de inspección.
o
Se protege la independencia funcional a al vez
que se garantiza la separación de poderes.
-
Invariabilidad orgánica. Señala la imposibilidad de que
el Poder Ejecutivo intervenga o interfiera en la organización de los órganos
jurisdiccionales por medio de disposiciones complementarias. Solamente se
podrán alterar bajo el sometimiento de la ley.
-
Inamovilidad judicial. Garantiza la permanencia de
jueces y magistrados en sus puestos evitando que puedan ser separados,
trasladados o suspendidos de sus cargos. Esta es una garantía recogida en el Art.
117.1 de la CE. Gozarán
de inamovilidad en sus cargos aunque hubiesen sido nombrados por un plazo
determinado, cuando hablamos de plazo determinado nos referimos a los: jueces
sustitutos, magistrados suplentes, y los jueces en régimen de provisión temporal
(nombrados por un año y prorrogables por otro), jueces de paz. Al término de su
plazo serán reemplazados.
No podrán ser
suspendidos, trasladados, separados o jubilados, si no es por las causas
establecidas en la ley. Pero hay circunstancias concretas en las que la
inamovilidad queda sin efecto:
a.
Mantener el prestigio de la magistratura y que la
función jurisdiccional sean desarrolladas por personas aptas físicas y
mentalmente. Se establece la jubilación forzosa a los 70 años o se declara la
incapacidad.
b.
Hacer valer el respeto que jueces y magistrados deben
tener por su propia independencia. Por ejemplo se considera falta muy grave que
da lugar a la suspensión, traslado o separación (Art. 20 de la LOPJ ) por la intromisión o
inspección en otros órganos judiciales.
c.
Mantener el carácter exclusivo de su función. Si se da
una de las circunstancias del régimen de incompatibilidades, habrá suspensión,
separación…etc.
d.
Hacer que sus funciones sin inmiscuirse en el
desarrollo de la actividad de la oficina judicial.
e.
Conseguir que los jueces y magistrados puedan ser
catalogados como de excelente conducta. Por lo tanto, se suspenderá la
inamovilidad cuando haya proceso contra ellos un proceso civil o penal.
-
El respeto a la independencia judicial. Según el Art.
13 de la LOPJ
todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados.
Si un órgano jurisdiccional considera que no se ha respetado su independencia
deberá ponerlo en conocimiento del CGPJ, y éste procederá de oficio a abrir
causa penal a quién haya tratado alterar la independencia del juez, y a
continuación se pondrán los hechos en conocimiento del fiscal. Además, el
Ministerio Fiscal podrá de oficio o a instancia del juez o del CGPJ promover
las acciones pertinentes para defender la independencia.
El juez podrá
declarar la nulidad de sus actuaciones bajo la violación de su independencia
judicial, y además puede abrir causa penal. Si la vulneración la hiciesen
funcionarios públicos o militares, a estos se les podrá exigir responsabilidad
penal por delito de usurpación de atribuciones.
Además es necesario que exista una
independencia hacia los justiciables, estableciendo una serie de mecanismos que
se utilizarán para protegerlos cuando los jueces hagan uso indebido de su
función. Esto se denomina independencia “hacia fuera”.
-
Imparcialidad judicial.
-
Responsabilidad judicial.
Diferencias
esenciales entre imparcialidad y responsabilidad.
En la imparcialidad se intenta evitar que el
juez actúe por motivaciones personales, un juez parcial no es independiente
porque al decidir sobre un asunto concreto no estaría sometido exclusivamente a
la ley, la imparcialidad actúa previamente a la actuación judicial para
intentar evitar que la junción se lleve a cabo por un juez contaminado.
En
cuanto a la responsabilidad, no se pretende que el juez no actúe, sino que se
le exige que su actuación sea correcta. Una vez que ha dictado resolución
podrán interponerse recursos.
La imparcialidad. Es un requisito que
debe concurrir en el juez a la hora de juzgar, por lo tanto el juez debe actuar
sin condicionantes: afectivos, motivo de desafección, o interés en el objeto o
con las partes. Como garantía para que se cumpla esta exigencia se destacan dos
instituciones: la abstención y la recusación. En cuanto a la abstención es el
deber que tiene el juez de dejar de conocer en caso que se den circunstancias
que afecten a la imparcialidad. Por otro lado está la recusación, que es el
derecho que tienen las partes para evitar que en la resolución de un conflicto
intervenga un juez parcial.
Ni la abstención ni la recusación se basan en
criterios de oportunidad, es decir, ni el juez debe abstenerse ni las partes
pueden recusar sin causa justa (causas reflejadas en el Art. 219 de la LOPJ ).
La responsabilidad. Esta
responsabilidad no se refiere a la relación que tiene el juzgador con los
litigantes, sino que se pretende valorar la función que realiza el juez. Esta
tiene un carácter posterior a la función jurisdiccional. Esta responsabilidad
de puede observar desde dos puntos de vista: en primer lugar la responsabilidad
del juez como funcionario, y por otra parte como órgano envestido de
jurisdicción.
El
juez como funcionario. Nos encontramos ante una responsabilidad profesional,
que se le exige al juez por ser funcionario. Esta responsabilidad es denominada
responsabilidad disciplinaria (falta de respeto, abandono del proceso…). En
cualquier caso esta responsabilidad no proviene del cumplimiento de su función
a la hora de aplicar la ley, proviene de sus conductas inadecuadas a la hora de
realizar sus funciones.
El
juez como órgano jurisdiccional. En este caso el juez va a responder de su
actuación jurisdiccional. Puede responder civil o penalmente. La
responsabilidad civil se exige cuando como consecuencia de una actividad se
provoca en el justiciable un perjuicio económico evaluable, esto es, se
utilizará para el resarcimiento de daños y perjuicios causados por los jueces y
magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La responsabilidad
penal se utiliza para todos aquellos delitos cometidos en el ejercicio de la
función jurisdiccional (Ej. Prevaricación)
La
responsabilidad patrimonial del Estado-Juez por daños derivados de la
jurisdicción.
Se regula en los Arts. 9.3, 1606.2 y 121 de la CE. Junto a la
responsabilidad individual de los jueces y magistrados surge este tipo de
responsabilidad. Se exige directamente al Estado.
Aunque la función jurisdiccional la ejercitan
personas físicas (jueces y magistrados), estas no van a actuar a título
particular, sino que será el Estado quien les otorga las potestades. Es lógico que los ciudadanos
puedan reclamar al Estado los daños que los jueces hayan causado con sus
acusaciones.
Características de la responsabilidad del
Estado.
§
Es una responsabilidad objetiva. Se analiza el
daño causado, sin tener en cuenta el dolo o culpa que pueda tener el juez
cuando actúa.
§
Es una responsabilidad directa. Es decir, se
pide directamente al Estado, sin tener que pasar a pedir responsabilidad al
juez en primer lugar.
§
El objeto de esta responsabilidad es
exclusivamente económico. El daño reclamado debe ser objeto de valoración
económica.
§
Únicamente se podrán reclamar los daños
provocados por actuaciones jurisdiccionales, no los caudados por los miembros
de la Administración
de Justicia.
§
No todos los daños derivados de la función
jurisdiccional dan derecho a indemnizaciones. Solamente podrán ser indemnizados
los daños por error o funcionamiento anormal de la justicia. No se responde de
los daños si estos vienen causados por fuerza mayor o bien por causa maliciosa
(→ en esta caso la responsabilidad será individual).
Podemos
concluir que hay dos tipos de responsabilidad: por error judicial o por
funcionamiento anormal de la justicia.
Por error judicial. Se
distingue entre error genérico y error específico.
a) El genérico
es aquél que se detecta en una resolución judicial que adquiere la solución de
firme (se han agotado todos los recursos). Características:
o
Se trata de un error: patente, incontrovertible,
fácilmente apreciable y sin ningún tipo de acierto. Es decir, que el juez actúa
fuera de los cauces legales sin ningún tipo de acierto.
o
El error puede afectar por un lado a los hechos,
y por otro a las normas aplicables. En cuanto al error de los hechos es porque
afecta a las pruebas, requisitos, elementos del debate… etc. En cuanto al error
en las normas, se han aplicado erróneamente las normas pertinentes.
b) Error judicial específico: No es necesaria la
declaración porque el derecho a solicitar esa indemnización de produce por obra
de ley y se produce ese error cuando se den una serie de circunstancias
específicas:
·
Cuando habiéndose impuesto en un proceso penal
una medida cautelar de prisión preventiva a una persona, se puede dictar
sentencia en la que esa persona sea absuelta por inexistencia de los hechos
presuntamente cometidos. También se puede dictar un auto de sobreseimiento
libre (libre absolución). En estos casos se produce un error judicial
específico.
·
Cuando habiéndose declarado la comisión de unos
hechos por una persona determinada, se dicta una sentencia que absuelve al
imputado por los hechos presuntamente cometidos y siempre que durante la
tramitación del proceso haya sufrido una prisión preventiva determinada.
La indemnización estará en función de los daños
patrimoniales, personales, psíquicos etc, del perjudicado solicitante.
B) Responsabilidad
por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Hay que diferenciar la responsabilidad por error judicial
de la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia.
La responsabilidad
por error judicial necesitaba de una actuación, aunque fuese equivocada que
tendría que referirse al ejercicio de la función jurisdiccional.
La responsabilidad
por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia no es necesario que
haya actuación, sino que en este tipo de responsabilidad se va a a producir el
error en la aplicación de las normas que desarrollan el proceso. Por tanto, en
este tipo de responsabilidad no sólo interviene el juez sino todo el personal
del servicio de la
Administración de Justicia.
Este
funcionamiento anormal de la
Administración justicia, es un procese con dilaciones
indebidas, es decir, es un proceso con duración superior a lo establecido por
la norma jurídica.
En cuanto al
derecho de indemnización que se puede solicitar a la Administración de
Justicia se necesita un informe del CGPJ en el que se reconozca que ese error
sí ha tenido lugar.
C) Procedimiento
para reclamar la indemnización al Estado
Todo lo visto para solicitar el derecho de indemnización
no supone la asignación de la indemnización de forma auténtica, sino que la Administración y el
Ministerio de Justicia han de comprobar si el error es verdadero o no y seguir
una serie de pasos:
-
La petición de indemnización ha de hacerse valer en el
plazo de un año a contar desde que se produjo la resolución del error, la
absolución del imputado por prisión preventiva, y cuando el CGPJ denuncie por
informe dicho funcionamiento anormal.
-
Cuando se solicite ese derecho de indemnización
prescribe ese derecho a percibirla.
-
Esta reclamación se promueve directamente ante el
Ministerio de Justicia y se tramitará según las normas establecidas para la
responsabilidad patrimonial del Estado.
Tema
8. Desarrollo de la
Función Jurisdiccional
1. ¿En qué consiste la función
jurisdiccional?
La función jurisdiccional se desarrolla de forma única por
los jueces y magistrados con sometimiento a los principios de unidad,
independencia y competencia.
Hay que recordar
el artículo 117.3 CE y el artículo 2 LOPJ que establecen que el ejercicio de la
función jurisdiccional es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esto significa
que la ley se va aplicar cuando las leyes sean inaplicadas, vulnerada o
desconocida, por lo tanto la función jurisdiccional tiene carácter secundario
porque el ejercicio de esa función jurisdiccional supone un sometimiento a la
ley para hacer que esta se cumpla.
a) Sometimiento
del juez a la ley.
Tanto la CE
como la LOPJ
indican que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta
expresión es una manifestación de la independencia judicial y del carácter
secundario de la función jurisdiccional debida a la separación de poderes.
Por lo tanto, el
poder legislativo va a crear un ordenamiento jurídico, mientras que el poder
judicial aplica ese ordenamiento jurídico.
La aplicación de
la ley no es automática, sino que va a ser el juez quien va a interpretar esas
normas jurídicas. Eso va a suponer que en unos mismos casos se interpreten de
forma diferente dependiendo del juez, adaptando la ley o norma de caso
concreto, o darle contenido si ésta en ambigua.
Por lo tanto, la
diversidad de interpretaciones de los jueces es lo que va a formar la doctrina
del Tribunal Supremo, también llamada jurisprudencia.
El resumen, el
juez puede aplicar la ley con libertad de interpretación, y permitirá su
interpretación o la adopción de su contenido a circunstancias y momentos en que
se aplique.
b) Ley que el
tiene que aplicar.
El juez ha de aplicar una ley. La “ley” en sentido amplio
debe relacionarse con el concepto de norma jurídica que son todos aquellas
normas que ordenan jurídicamente un Estado de derecho (ley estatal, autonómica
y local; costumbre y los principios generales del derecho).
Por lo tanto, el
juez cuando juzga estará sometido al imperio de la ley, a la costumbre y a los
principios generales del derecho.
- Sometimiento del juez a
a)
Sometimiento a
los principios constitucionales de la
CE , porque ésta es una norma directamente aplicable y el juez
juzgará respetando los derechos y libertades que reconoce la CE.
b)
Sometimiento a la norma de fondo (ley).
No se pueden aplicar
normas pre o post- constitucionales contrarias a la CE.
En cuanto a las normas preconstitucionales no es
necesario presentar una cuestión de inconstitucionalidad porque la propia CE
contiene una disposición derogatoria de todas las normas anteriores a ella
contrarias a su contenido.
En cuanto a las normas postconstitucionales, sí se necesita
presentar un recurso de inconstitucionalidad, planteado ante el TC cuando se
considere que el juez que ha interpretado la norma lo ha realizado de forma errónea, contraria o
equivocada.
Se debe elegir la
interpretación que más se acerque a los preceptos constitucionales porque en
caso contrario, la conducta del juez sería tachada de inconstitucional,
pudiéndose hacer uso del recurso de amparo por las persona que ha sido violados
sus derechos.
El carácter prevalente de
la CE permite que
se pueda señalar la infracción de un precepto constitucional como motivo
suficiente para poder promover un recurso de casación.
·
Sometimiento del juez a la costumbre.
Sólo será aplicado cuando la costumbre no contradiga a las normas de la moral y
del orden público.
·
Sometimiento del Juez a los principios
generales del derecho. Estos principios generales son normas que emanan del
Gobierno, de la
Administración y de cualquier otro órgano con capacidad para
promulgar normas jurídicas. No se aplicarán aquellos principios contrarios a la CE , a las leyes y al principio
de jerarquía normativa.
2. Actividades que el Juez desarrolla en el ejercicio de su función
jurisdiccional.
Es la función
jurisdiccional en la actuación del derecho objetivo, es decir, se aplica una
norma jurisdiccional abstracta a un conflicto jurídico, obteniendo una
resolución judicial.
Lo importante no es la
existencia del conflicto sino la puesta en conocimiento judicial de ese
conflicto y la actividad que se va a desarrollar para solucionarlo.
Esas actividades son:
ØActividad declarativa: Es la actividad
necesaria por excelencia; tiene relación directa con la función de juzgar
porque se aplica la ley al supuesto concreto, y se van a distinguir dos
momentos diferentes:
·
Actividad
declarativa de conocimiento: El juez va a establecer el primer contacto
directo con los hechos y con las alegaciones de las partes en relación a los
hechos. Esta actividad se desarrolla en los procesos alegatorios y probatorios,
siendo su finalidad la de que el juez adquiera una noción suficiente de los
hechos litigiosos para poder desarrollar una actividad decisoria.
·
Actividad
declarativa de decisión: Consiste en individualizar la norma jurídica a un
supuesto concreto, es decir, el juez trata de encontrar una norma en el
ordenamiento jurídico para resolver el conflicto que se le ha planteado.
ØActividad ejecutiva: Es eventual o
complementaria de la actividad declarativa. Normalmente, las sentencia se
cumplen pero si no se pueden o quieren cumplir, entra en juego esta actividad
ejecutiva por la que se solicita al juez que obligue al imputado a que cumpla
la sentencia (hacer ejcutar lo juzgado). Esta actividad tiene la finalidad de
dar efectividad obligatoria a lo que no se quiere cumplir voluntariamente.
Esta actividad ejecutiva tiene tres caracteres:
·
Eventual:
Es el supuesto general, en este caso, es necesario una actividad declarativa
anterior en la que se haya dictado una resolución judicial que no se puede
cumplir.
·
Necesario:
Se utiliza cuando la resolución dictada de la actividad declarativa requiere de
la actividad ejecutiva para darle efectividad.
·
Funcional:
En este caso, no ha habido una actividad declarativa previa porque esta
actividad ha sido desarrollada por un órgano no judicial (arbitrajes, etc..)
ØActividad cautelar: Es también de carácter
eventual y va a depender de los intereses en conflicto.
Si se trata de intereses
privados (proceso civil), predominará el principio dispositivo, por lo que
estas medidas cautelares serán solicitadas por los implicados en el conflicto.
Estos intereses privados suelen ser de carácter patrimonial y la finalidad de
esta actividad cautelar es garantizar la efectividad de la sentencia antes de
dictarse.
Si
se trata de intereses públicos (proceso
penal), predominará el principio de oficialidad. Por lo tanto, la adopción de
medidas cautelares queda a disposición del juez. En este caso tiene carácter
personal y su finalidad es garantizar la presencia del imputado en el proceso.
ØActividad
impugnativa: Tiene carácter eventual, cabe la posibilidad que los
justiciables manifiesten su disconformidad con lo dispuesto en la sentencia,
solicitando la modificación, anulación o sustitución de la resolución judicial.
En este caso, se va a desarrollar
nuevamente una actividad declarativa por entender que la solución del conflicto
era incorrecta. Esta actividad impugnativa va a corresponden a un órgano
distinto del que realizó la fase declarativa primera.
Es
eventual porque necesita la concurrencia de dos actos, uno de parte solicitando
o interponiendo el recurso; y otro, del órgano jurisdiccional estimando o
desestimando el recurso.
Decimos
que es de carácter eventual porque depende de si las partes recurren o no, y si
el juez estima el recurso o no.
3. Efectividad del juicio jurisdiccional
Las resoluciones de los jueces en el ejercicio de su
función juridiccional no pueden modificarse, por lo tanto, las resoluciones
judiciales son invariables o inmutables. Esta inmutabilidad de la resolución
judicial se da cuando la resolución adquiere firmeza; pero también se ha hecho
ya referencia a la actividad impugnativa de los jueces por petición de las
partes.
Excepcionalmente y
para casos concretos cabe la posibilidad de rescindir una sentencia firme.
Para poder
impugnar una sentencia firme se usan los llamados medios de impugnación:
Ø
Proceso de revisión, que se utiliza cuando se prueba que el fundamento de una
sentencia se base en conocimientos insuficientes o erróneos y no cabe ya
recurso.
ØAudiencia
al rebelde, que se utiliza cuando se dicta una sentencia en ausencia del
demandado, que posteriormente aparecerá, y se abrirá de nuevo un proceso para
poder dar audiencia al demandado.
4. Conflictos de jurisdicción
Se señalan en el
artículo 38 LOPJ y están regulados en la
LO 2/1987 de 18 de mayo de conflictos jurisdiccionales. Hay
dos clases de conflictos:
a)
Positivos: Tanto el órgano jurisdiccional como el
órgano administrativo se consideran competentes para conocer de un determinado
asunto. Se posibilita a todos los juzgados y Tribunales, excepto los juzgados
del paz que puedan plantear este conflicto.
b)
Negativos: Ni el órgano jurisdiccional, ni el órgano
administrativo quieren ser competentes para conocer del asunto. Este conflicto
se trasladará al Tribunal de conflictos de jurisdicción:
Caracteres
del tribunal:
·
Este Tribunal es el órgano colegiado que va a
resolver este tipo de conflictos.
·
Está constituido por el Presidente del Tribunal
Supremo, dos magistrados de la sala de lo contencioso administrativo,
designados por el pleno del CGPJ; y por tres consejeros permanentes del Estado,
que serán designados por el Pleno a propuesta de la Comisión Permanente.
También formará parte de este Tribunal el secretario de la sala de gobierno del
Tribunal Supremo.
·
El Presidente tiene voto de calidad en caso de
empate.
·
Procedimiento para solucionar los conflictos:
-
Se oirá al Ministerio Fiscal y a la Administración.
-
Se dictará sentencia declarando a quien corresponde
la jurisdicción en conflicto y contra
esta sentencia no cabe ningún tipo de recurso (sentencia firme).
El
procedimiento es gratuito paro se pueden imponer sanciones cuando se promueve
el conflicto con mala fe, cuando se obstaculice el normal desarrollo de la
justicia o cuando se den dilaciones de retrasos indebidos.
Tema 9. La organización judicial.
1. La organización
judicial.
Es el conjunto de órganos a
través de los cuales se va a desarrollar la función jurisdiccional. Por lo
tanto trataremos dos conceptos: la jurisdicción y la función jurisdiccional,
ambos se relacionan entre sí.
Podemos decir que la jurisdicción es la
organización, que consiste en hacer cumplir la función jurisdiccional.
Estaremos ante unos órganos jurisdiccionales, que están encargados de resolver
los conflictos. Estos se van a dividir según el tema del que se trate, dando
lugar a los distintos órdenes jurisdiccionales.
Hay cuatro órdenes jurisdiccionales:
Ø
El orden civil. Resuelve sobre materias civiles,
y sobre todas aquellas materias que ningún orden quiere conocer.
Ø
El orden penal. Conocerá de los delitos y causas
criminales.
Ø
El orden contencioso administrativo: conocerá
entre las administraciones y los interesados, y entre las propias instituciones
de la Administración.
Ø
El orden social. Conoce de los conflictos
individuales o colectivos, y reclamaciones en materia de seguridad social
contra el Estado.
Los órganos jurisdiccionales pueden ser
unipersonales o colegiados.
2. Criterios de la organización judicial.
Clasificación de los criterios para determinar
que orden debe conocer:
1.
La especialización. Conocerán cada unos de los
juzgados y tribunales atendiendo a las pretensiones, de la variedad de la
tutela judicial, y de la naturaleza de los derechos que se consideran
vulnerados. Esto hace que la LOPJ
divida la organización judicial en órdenes.
2.
La composición. Según este compuesto por órgano
unipersonal o colegiado.
3.
La función procesal Dependiendo si estamos ante
demandas de primera instancia o son recursos de casación.
4.
La territorialidad. El territorio nacional estará
dividido en diferentes demarcaciones: municipios, partidos judiciales, las
provincias, CCAA y Estado.
3. La pirámide jerárquica.
El Art. 26 de la LOPJ.
A) ORGANOS UNIPERSONALES.
En primer lugar, forman la base, están los Juzgados de Paz. Son los
únicos representantes de la justicia lega en España, no pueden tener
conocimientos jurídicos concretos. Son órganos unipersonales, ordinarios (no
están especializados), y existen en todos los municipios en los que no haya
juzgado de primera instancia e instrucción. Los titulares de estos juzgados son
los “jueces de paz”, tienen competencia tanto en el orden civil como en el
orden penal.
Dentro del orden civil podrán
conocer de los actos de conciliación, y de los conflictos cuya cuantía no
exceda de 50 €. En cuanto al orden penal conocerá de las faltas cometidas
dentro del municipio de jurisdicción.
En el siguiente escalón de la pirámide están:
los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción. Son órganos unipersonales, de tipo técnico y
son ordinarios. Tienen competencia en el orden civil y en el orden penal.
Actuarán sobre el territorio que comprende un partido judicial.
El Juzgado de 1ª Instancia
conocerá de los asuntos civiles, y los Juzgados de Instrucción tratan los
asuntos penales. Dentro de estos juzgados surgen los Juzgados Especiales:
Juzgados de Familia, Juzgados de Tutelas, y Juzgados de Asuntos Hipotecarios,
cada uno de ellos tratará de forma concreta sobre las materias que les han sido
atribuidas.
Competencias de estos Juzgados de ª Instancia
e Instrucción. Conocerán de todas aquellas cuestiones que surjan, excepto
cuando la ley determine que tiene que conocer otro órgano. Además conocerán de
los recursos de apelación presentados contra las resoluciones realizadas por
los Juzgados de Paz. En cuanto a las funciones penales de los Juzgados de
Instrucción, es instruir el caso.
El número de juzgados dependerá de la cantidad
de municipios que integren un partido judicial. Puede haber diferentes
variantes en cuanto al número de juzgados, desde un único Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción, o uno de cada, o varios de cada tipo, además de los
especializados si es propicia su existencia.
Un partido judicial es una unidad
jurisdiccional integrada por uno o dos municipios que pertenecen a una misma
provincia, esto es lo que se denomina como partido judicial, y cada uno de los
juzgados y tribunales ejercen sus competencias en un territorio determinado.
En el siguiente escalón están: los Juzgados de lo Mercantil.
Es un órgano unipersonal y fue creado por
-
Se pueda establecer un juzgado de esta naturaleza en un
municipio distinto a la capital de la provincia.
-
O bien que el juzgado conozca de casos de provincias de
su misma comunidad.
El siguiente es el: Juzgado de Violencia Contra de
Las competencias penales están
basadas en los hechos que constituyan delitos o faltas en los que concurran
actos de violencia, bien contra la mujer o personas de su entorno familiar. El
juzgado puede tratar delitos específicos e inespecíficos.
-
Los específicos son: aborto, agresión sexual,
corrupción de menores, homicidio, acoso y prostitución.
-
Los inespecíficos son aquellos en los que medie
violencia de género o se de la intimidación, que no sean específicos.
O también puede tratar cuestiones penales
cuando estemos ante faltas: defraudaciones, alteración de los bienes muebles,
estafas, incumplimiento de las obligaciones familiares…etc.
Las responsabilidades civiles que se puedan
exigir por la comisión de los delitos o faltas que conozca el juzgado.
Medidas que se pueden adoptar para proteger
a las víctimas de la violencia de género.
Son las establecidas por la LECrim y la LEC.
1.
Alejamiento de agresor de cualquier lugar frecuentado
por la víctima.
2.
Abandono y no regreso al domicilio familiar.
3.
Prohibición del inculpado de comunicarse con la persona
protegida.
4.
Suspensión para el presunto agresor de los derechos de
patria potestad, custodia o guarda de menores, así como el régimen de visitas.
5.
Prohibir al inculpado del derecho a la tenencia y uso
de armas.
Aparece en esta nueva ley, un fiscal especial
contra la violencia sobre la mujer. Son fiscales especiales que intervienen en
todas estas causas penales, forman parte de las secciones de los tribunales
superiores de justicia y las audiencias provinciales.
En resumen, estos juzgados están
encargados de intervenir en los casos en que se produzcan actos de violencia
doméstica que deriven en actuaciones penales. También van a conocer de todos
aquellos procesos civiles de naturaleza matrimonial o familiar. Se establecen
en cada partido judicial y tienen su sede fijada en la capital de partido.
Entrarán en funcionamiento el 30 de junio de 2005.
En el siguiente escalón están: los Juzgados de lo Penal. Son
órganos unipersonales de tipo técnico y tienen competencias exclusivamente
penales. Están situados en la capital de la provincia, y se crearon como
consecuencia de una sentencia del TC (12 de julio de 1988) que considera que un
mismo juez instruya y falle la causa. Por lo tanto el proceso penal está
estructurado en dos fases: una primera fase de instrucción en la que el juez
instructor determina los hechos y que existen elementos suficientes para pensar
que el presunto responsable pueda haber cometido el hecho. Esta fase puede
terminar con un auto de sobreseimiento o con un auto de procesamiento.
Si hay auto de
procesamiento, se pasa al juicio oral, en el cual un órgano distinto del de
instrucción se encargará de juzgar los hechos. Dictando una sentencia
absolutoria o una sentencia condenatoria. Estos son los pasos a seguir dentro
del proceso penal.
Esta sentencia viene dada porque antes del 88,
los juzgados competentes para resolver las causas penales eran las Audiencia
Provinciales, pero ante la saturación mandan los casos a la instrucción. Esto
es inconstitucional.
Por eso, hoy en día hay tres órganos que se
encargan de los casos penales: Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y
las Audiencias Provinciales.
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Son órganos
unipersonales de carácter técnico, con un ámbito provincial. Sus competencias
son: conocer en primera o única instancia de los recursos
contenciosos-administrativos de los que no se encargan las salas
contencioso-administrativas del TS, TSJ, o
Existen uno o
más juzgados en las capitales de provincia, teniendo jurisdicción sobre todo el
territorio provincial y van a resolver conflictos de carácter contencioso
administrativo. El número de juzgados que se creen en cada provincia dependerá
del número de casos a resolver.
Juzgados de lo Social. Son órganos unipersonales de tipo
técnico, y tienen ámbito provincial. Componen el orden social. Sus competencias
son: conocer en primera o única instancia conocer de los conflictos surgidos en
el orden social cuando en el TS, TSJ o en
Tienen su seden en la capital de
la provincia, y tienen competencia para resolver los conflictos que surjan en
cualquier lugar dentro de la misma provincia. El número de juzgados depende del
los casos a resolver. Además se podrán fuera de la provincia, pero dentro de la
misma CCAA, por las necesidades de sus servicios.
Juzgados de menores. Son órganos unipersonales de tipo técnico y
ejercen sus competencias en un ámbito provincial, y están encargados de la
protección del menor. Actuarán tanto en cuanto el menor sea víctima o sea
delincuente.
Juzgados de vigilancia penitenciaria. Son órganos unipersonales,
y ejercen funciones de vigilancia, decisión y consulta. Se controlarán estas
cuestiones por
Sus
competencias: deberán controlar la potestad disciplinaria de los mandos y autoridades
penitenciarias, amparar los derechos y obligaciones de los internos, y ejecutar
penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
Estos deben
situarse en la capital de la provincia, teniendo en cuenta el lugar en el que
estén situados los centros penitenciarios y el número de los mismos dentro de
la provincia.
La estructura
está dividida en secciones, que a su vez están compuestas por un presidente y
dos magistrados, por sección.
Es posible que
haya una o varias secciones y en dependencia de la carga de asuntos: si en la AP hay pocos asuntos, sólo
habrá un presidente con un magistrado, en cambio si hay más asuntos habrá un
presidente con más de dos magistrados.
La sección primera la presidirá el propio
presidente de la AP
El Tribunal Superior de Justicia
de las CCAA.. Se trata de un órgano colegiado, cuyo ámbito es la CCAA , y se sitúa en la
capital de la provincia más importante. Tiene competencias en el orden civil,
penal contencioso-administrativo y social.
Dentro del orden civil conocerá de
los recursos de casación que se van a basar en la infracción de normas de
Derecho civil y foral de cada una de las CCAA. Conocerán también de las
demandas de revisión, interpuestas contra sentencias dictadas por órganos
jurisdiccionales civiles. Por otra parte conocerán de cuestiones de competencia
de aquellos órganos que tengan un superior jerárquico común. Finalmente
conocerá de las demandas de responsabilidad civil, que tratan de supuestos
hechos cometidos por personas en ejercicio de sus cargos (magistrados de las
APs, y el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la CA ).
Dentro del orden penal. Conocerá de
las causas de delitos flagrantes, cometidos recientemente, que hayan sido
cometidos dentro de la CA
por órganos políticos, miembros del parlamento.
Dentro del ámbito
contencioso-administrativo. Conocerán en única instancia de los recursos contra
actos y disposiciones de la administración del estado, de los miembros del
Consejo de la CA y
de los miembros de la
Asamblea Legislativa. Por otra parte de los recursos que
versen sobre cuestiones electorales. También conocen en segunda instancia de
los recursos contra sentencia de los juzgados de 1ª Instancia, y de los
conflictos de competencias entre los juzgados de 1ª Instancia.
Dentro de lo social. Conocerán de
conflictos que afecten a los intereses de trabajadores o empresarios que se
produzcan en la CA.
Composición.
Cada tribunal tiene un número variable de miembros. El número de salas
dependerá del número de litigios a resolver.
Estructura.
Tendrá una sala de lo civil, otra de lo penal, una contencioso-administrativa,
otra social y una especial de recusaciones. Las salas ordinarias pueden
situarse en cualquier parte de la
CA. La sala de recusaciones conocerá de las quejas
presentadas contra los presidentes de las salas del TSJ y los presidentes y
magistrados de las APs.
Órgano.
Es un órgano pluripersonal, de tipo técnico y con competencias dentro del
ámbito social, penal y contencioso administrativo. Junto a la AN trataremos de dos tipos de
juzgados: Juzgados Centrales de Instrucción y Juzgados Centrales de lo Penal,
que dependen de la AN.
La sala de lo penal, conocerá de
delitos de trascendencia política (delitos contra la corona), también de la
trascendencia social (tráfico de drogas), de trascendencia económica, y de los
delitos cometidos fuera del territorio nacional Además conocerán de las
apelaciones contra las sentencias dictadas contra los Juzgados Centrales de
Instrucción y de lo Penal. Por otra parte de las recusaciones contra sus
propios magistrados.
La sala de lo
contencioso-administrativo. Conocen en única instancia de recursos contra
ministros y secretarios de estado.
La sala de lo social tiene
competencias dependiendo dentro de los criterios territoriales. Conocerán de
procesos de impugnación en procesos de convenios colectivos, y de conflictos
colectivos. Estos problemas tienen que darse en un ámbito superior al de una
CA, porque de otro modo tratará el tema el TSJ de la CA.
Su sede se encuentra en Madrid capital, y
extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.
Estructura. Se divide en salas, y sus
miembros son: el presidente elegido por el CGPJ durante 5 años de entre los
magistrados que componen el Tribunal Supremo (con al menos 3 años de
experiencia en el TS). Las salas se dividen en secciones, y serán tantas como
sean necesarias.
La sala de los penal se divide en cuatro
secciones, cada una de ellas se compone de un presidente y dos magistrados, si
bien, la primera sala sólo habrán dos magistrados. Los Juzgados Centrales de
Instrucción y de lo Penal forman parte de la primera sala de lo penal.
La sala de lo contencioso-administrativo se
divide en 8 secciones, que tienen un presidente y dos magistrados, excepto la
primera que está compuesta sólo por 4 magistrados.
La sala de los social no se dividen en
secciones, hay un presidente y dos magistrados.
Por lo tanto hay 56 magistrados que se
designan por concurso entre aquellos que tengan mejor puestos en el escalafón,
aquellos que sean presidentes de sala son magistrados del Tribunal Supremo. Por
lo tanto, el presidente de sala del TS es el mismo que el presidente de la AN.
En concreto los dos juzgados especiales.
Juzgados Centrales de Instrucción. Son órganos unipersonales de carácter
técnico. También se encuentra su sede en Madrid, pudiendo haber uno o varios
Juzgados Centrales de Instrucción en cualquier lugar del territorio nacional.
Competencias. Instruirán aquellas
causas que los juzgados tengan que sentenciar, además instruirán las cuestiones
que correspondan a una sala de lo penal de la AN o al Juzgado Central de lo Penal. Finalmente
tramitarán los expedientes de extraditación pasiva.
Los Juzgados Centrales de lo Penal.
Son órganos unipersonales de carácter técnico, también con sede en Madrid,
pueden constituir más juzgados centrales en el resto del territorio. Se
encargan de resolver asuntos de menor relevancia para que la AN se dedique a los asuntos de
mayor relevancia. Tramitarán el enjuiciamiento y fallo de las causas por
delitos menos graves.
El Tribunal Supremo.
Es el órgano más importante de los órganos
jurisdiccionales españoles. Es un órgano colegiado con competencia en todo el
ámbito nacional y tiene sede en Madrid. Su función esencial es velar por la
recta interpretación del ordenamiento jurídico y las sentencias dictadas por
los inferiores jerárquicos.
Tendrá competencias en los siguientes ámbitos:
civil, penal, contencioso-administrativo, social, y militar. El orden militar
está en una sala especial, puesto que está compuesto por personal militar.
La sala de lo civil. Conocerá de las
demandas de responsabilidad civil por personas
aforadas (miembros del gobierno, miembros de TC, presidentes y
consejeros de las CCAA, Defensor del Pueblo…etc. Además de los recursos de
casación, recursos de revisión, peticiones de ejecución de sentencias dictadas
por tribunales extranjeros.
La sala de lo penal. Recursos de
casación, revisión, recursos extraordinarios determinados por la ley, y de la
instrucción y enjuiciamiento en única instancia contra personas aforadas
(miembros del parlamento…)
La sala de lo
contencioso-administrativo. Conocerá en única instancia de los recursos
contenciosos-administrativos contra disposiciones y actos cometidos por el
Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas, por el CGPJ, y por los órganos de
Gobierno, del Congreso, del Senado, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de
Cuentas y del TC. También de recursos de casación contra sentencias dictadas
por la Sala de
lo Contencioso-administrativo de la
AN y las sentencias de los TTSSJJ de las CCAA, además de los
recursos que no se conocen por las salas de lo penal de los TTSSJJ de las CCAA.
Finalmente conocerá de los recursos contra sentencias dictadas contra el
Tribunal de Cuentas.
La sala de lo social. Conoce de
recursos de revisión, de casación y todos aquellos recursos que disponga la
ley.
La sala de lo militar. Esta sala
conocerá de los recursos de casación, de los procesos de revisión contra
sentencias dictadas por el Tribunal Militar Central y por los tribunales militares territoriales.
Además de los procesos de los delitos o faltas cometidos por altos cargos
(tenientes, coroneles, capitanes…). Y especialmente sobre recursos sobre
materia disciplinaria.
Todas las salas conocerán de las recusaciones
que se interpongan contra sus magistrados, conocerán también de las cuestiones
de competencia entre órganos jurisdiccionales del mismo orden, y de la
“declaración de error judicial”.
4. La constitución de los órganos jurisdiccionales.
Los órganos unipersonales.
Hablamos de juzgados, están constituidos por
un juez y por un secretario, y todos los demás auxiliares serán necesarios para
las funciones de apoyo material pero no para las funciones jurisdiccionales.
Hay que distinguir dos clases de regímenes: sustitución y provisión temporal.
Régimen
de sustitución del juez: existen cuatro posibilidades.
1.
Se sustituye a un juez de carrera por otro.
2.
Se podrá nombrar un juez sustituto.
3.
Prórroga de jurisdicción, en la que un juez de una
población atiende a otro juzgado de otra población a parte del suyo propio.
4.
Comisión de servicios, un juez de un juzgado pasa a
desempeñar las funciones de otro juzgado pero dejando a parte el suyo.
Régimen de
sustitución del secretario. La sustitución la determina el superior jerárquico,
que será el Secretario Coordinador de la Provincia.
Excepcionalmente se podrá sustituir por un funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
La provisión
temporal. Se producirá la sustitución del juez por jueces que no sean de
carrera judicial.
Los órganos colegiados. Salas y
Secciones.
La potestad jurisdiccional la ejercen varios
titulares, se caracteriza que se dividen en salas y secciones. Para poder
formar sala es necesario que existan 3 magistrados, uno de ellos será el
Presidente de la Sala.
El Presidente de la Sala es el órgano rector que
asume la dirección de la Sala ,
a éste le corresponden una serie de funciones: mantener el orden de la sala,
hacer los señalamientos de vistas, regular el uso de la palabra en las vistas y
terminar la vista con la palabra “visto” (para sentencia).
Además su función principal consiste en la
dirección de las actuaciones procesales que se realizan dentro de su orden
jurisdiccional. A la hora de realizar votaciones el Presidente no tiene voto de
calidad.
Los otros dos magistrados. Uno de ellos
ejercerá como magistrado ponente, y será designado según el turno establecido
por la Sala de
Gobierno, éste se encargará de forma más directa de la resolución del asunto.
Sus funciones son tramitar los asuntos que le hayan sido adjudicados, examinar las pruebas
presentadas por las partes, informar sobre los recursos interpuestos contra las
decisiones del tribunal, dictar las providencias, proponer las soluciones que
pueda dictar ese tribunal, y finalmente redactar las resoluciones del tribunal.
En cuanto a las sustituciones. El Presidente
será sustituido por el magistrado más antiguo de la Sala. Los magistrados no
se pueden sustituir, pero cuando no hay suficientes magistrados para constituir
sala o sección, se acudirá a otros magistrados del tribunal, y si no hubiese
suficientes se acudirá a la
Comisión de Servicios.
5. Participación popular en la Justicia : el Jurado.
La función del jurado es un
derecho y un deber inexcusable, existen tres situaciones por las que un
ciudadano puede pasar para ser jurado: candidato, efectivo y actuante. Los
candidatos son quienes integran la lista inicial de seleccionados, de los
candidatos se eligen una serie de sujetos que cumplen una serie de requisitos y
pasan a ser efectivos. Finalmente se elegirá a los actuantes.
Requisitos:
Ø
Español y mayor de edad. En la mayoría de
los países se establece una edad. En España la edad es 18 años.
Ø
Estar en pleno ejercicio de sus derechos
políticos. Es decir, no estar inhabilitado judicialmente para desempeñar
estos derechos.
Ø
Saber leer y escribir. No se exige ningún
tipo de titulación.
Ø
Ser vecino de cualquier municipio de la
provincia donde se hubiese cometido el delito en el momento de producirse el
juicio. La vecindad se va a demostrar por el censo. Esta situación de la
elección a partir del censo puede provocar problemas de traslado, ya que se
puede estar empadronado en un sitio y trabajar en otro lugar.
Ø
Padecer de cualquier cualquier discapacidad
física o psíquica que impida el desarrollo de la función del jurado,
estudiándose caso por caso.
Circunstancias de exclusión
como jurado.
- Incapacidades.Son de carácter procesal y
provienen de actuaciones en las que un miembro del jurado es parte pasiva
o lo ha sido en algún momento. Por lo tanto, hay un artículo de la ley del
jurado que dice que no podrán ser jurados por estar incapacitados:
§
Los condenados por delito no rehabilitados.
§
Los procesados.
§
Los acusados.
§
Los que hayan sufrido detención, prisión
provisional o que estén cumpliendo condena por delito.
- Incompatibilidades. Las van a definir
circunstancias de calidad políticas o profesionales, como por ejemplo:
§
Abogados y procuradores en ejercicio.
§
Jueces ni fiscales en activo.
§
Ni los profesores universitarios de disciplinas
jurídicas o medicina legal.
Con esto se pretende que los miembros del jurado
sean “legos en derecho”, es decir, que no tengan conocimientos en derecho.
- Prohibiciones. Son de carácter procesal y se
intenta salvaguardas la imparcialidad; es decir, son las causas de
abstención y recusación de los jueces previstas en el artículo 219 de
- Excusas. Se incluye una relación de diversos
suspuestos excusatorias para ser jurado, como son la edad, dificultades en
su desempeño como jurado, etc... Se hace referencia a tres supuestos:
§
Se puede alegar grave trastorno por cargas
familiares: maternidad, lactancia, etc...
§
Se puede alegar que desempeña trabajos de
interés general en el que su sustitución no fuera posible: policías, bomberos,
etc...
§
Alegación y acreditación de cualquier otra causa
que dificulte gravemente el desempeño de la función como jurado: razones
morales, vivir en el extranjero, haber sido parte de otro jurado anteriormente,
etc...
Este Tribunal del Jurado puede
existir en tres órganos jurisdiccionales: en la Audiencia Provincial ,
en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo, no estando
permitido la existencia de Tribunal del Jurado en la Audiencia Nacional.
Composición del Tribunal del Jurado
Está compuesto por un magistrado
que ejerce de Presidente, de la Audiencia provincial,
del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo. En el caso de que se
celebre el juicio en el ámbito de la Audiencia provincial el presidente será el de esta Audiencia; si se
celebra en el ámbito en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, actuará un
magistrado de la sala de lo civil o de lo penal; y si se celebra el juicio en el ámbito
del Tribunal Supremo la ejercerá la presidencia un magistrado de la Sala de lo Penal.
También lo componen 9 jurados titulares que son ciudadanos
legos en derecho que pronuncian su veredicto.
Existen también 2
jurados suplentes, que actúan en los casos que se produzca una ausencia de
algún miembro del jurado una vez designado como jurado.
Competencias del Tribunal del
Jurado.
Ø
Competencia objetiva. En función de cada
materia conocerá de los delitos:
§
Delitos contra la persona (homicidio y
asesinato).
§
Delitos cometidos por funcionarios públicos en
el ejercicio de sus cargos.
§
Delitos contra el honor.
§
Delitos de omisión del deber de socorro.
§
Delitos contra la inviolabilidaad del domicilio
(allanamiento de morada).
§
Delitos contra la libertad (amenazas, etc...)
§
Delitos contra la seguridad colectiva (delitos
medioambientales, etc...)
Ø
Competencia funcional. Cuando se dicta
por el Tribunal del Jurado una sentencia dentro del ámbito de la Audiencia Provincial ,
esta sentencia será apelable ante la
Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la CCAA
por ser su superior jerárquico. Si la sentencia se dicta en el ámbito de un
Tribunal Superior de Justicia, ésta será recurrible en casación.
Ø
Competencia territorial. Se aplicará el
fuero del lugar de la comisión del delito.
Tratamiento
procesal de la competencia.
Cuando se
produce la falta de compentencia objetiva y funcional se podrá denunciar esta
falta de competencia en la audiencia preliminar; y cuando se produce la falta
de competencia territorial se podrá denunciar como artículo de previo
pronunciamiento.
TEMA 13.
Competencia
1. Concepto
Sabemos que la jurisprudencia es una potestad a una
función que se atribuye a los juzgados y Tribunales de manera indivisible que
consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Para que puedan desarrollar esta
función jurisdiccional estos órganos tienen que conocer previamente que asuntos
van a resolver, y hay dos artículos, el 9.1 LOPJ y el 44 LEC que dicen que los
juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción únicamente en aquellos casos
que les atribuya la ley. En estos momentos es cuando surge el concepto de
competencia.
Se considera competencia al conjunto de normas mediante las que se
atribuye el conocimiento de una pretensión determinada a un órgano judicial
concreto, es decir, qué órgano judicial ha de conocer de un determinado asunto.
Por tanto, lo que se reparte no
es la jurisdicción, que es indivisible, sino que lo que se reparte son las
materias, pretensiones, la actividad procesal en relación con las fases del
proceso y, por último, también se reparte el territorio en donde se va a
ejercitar dicho proceso.
2. Extensión y límites de la jurisdicción
La jurisdicción se va limitar
para saber que órgano ha de conocer del asunto concreto que tiene que resolver.
El problema va a surgir cuando en algún conflicto aparezca algún elemento
extranjero (partes, lugar de comisión, etc...) y el problema surge para
determinar si tiene que conocer del proceso un órgano jurisdiccional español o
no. La solución no la ofrece la CE
sino otras normas como la LOPJ ,
LEC, Lcrim, CP, etc...
De esta forma, la LOPJ y los Tratados
internacionales establece que la jurisdicción española será competente para
conocer de aquellos juicios celebrados en territorio español entre españoles,
entre españoles y extranjeros y entre extranjeros.
En estos casos, la jurisdicción
española será controlada de oficio por el Juez, si el juez de propia iniciativa
no conoce, las partes en función de la declinatoria internacional podrán
solicitar que se determine la jurisdicción en la que se ha de resolver el
conflicto.
3. Competencia genérica o por órdenes
Una vez determinada la
jurisdicción de un órgano español, se ha de estudiar la clase de asunto para
establecer que orden jurisdiccional ha de enjuiciarlo: Orden Civil, Orden
penal, Orden Contencioso Administrativo y el Orden Social.
Esta competencia genérica o por
órdenes es improrrogable, es decir,que no cabe sumisión y cada orden solo
conocerá de los asuntos de su orden.
El acto judicial realizado con
falta de competencia genérica o de jurisdicción es nulo de pleno derecho. Los
órganos jurisdiccionales deberán apreciar de oficio esta falta de competencia
genérica y si no lo hacen, las partes
podrán plantear un conflicto de competencia.
4. Conflicto de competencia
Son conflictos de competencia los
que surgen entre Juzgados y Tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales,
exceptuando el orden penal, ante el que no se puede plantear ningún conflicto
porque no tiene preferencia ante los demás órdenes.
El órgano que resuelve estos
conflictos de competencia es la
Sala especial del Tribunal Supremo, que no está formada por
el Presidente del Tribunal Supremo, por el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo y por dos vocales de los órdenes en conflicto. Este conflicto de
competencia se puede plantear de oficio a iniciativa del juez, a instancia de
parte o por el Ministerio Fiscal.
Planteamiento del conflicto de competencia
Hay que mirarlo desde dos puntos
de vista:
Ø
Punto de vista general. Con carácter
general este conflicto se puede plantear mientras el proceso no haya finalizado
por sentencia firme, es decir, mientras esté pendiente el proceso aunque
se haya dictado sentencia definitiva; y
siempre que dicha sentencia definitiva no se haya recurrido o presentado el
recurso, éste no se haya resuelto.
Ø
Punto de vista excepcional. En este caso,
aunque el proceso haya finalizado por sentencia firme, se podrá plantear un
conflicto de competencia en la fase de ejecución de la sentencia firme.
Procedimiento de conflicto de competencia
1.
Conflicto
positivo de competencia.
Los dos órdenes
jurisdiccionales quieren conocer del asunto. En este caso, la parte o el
Ministerio Fiscal da a conocer la existencia de este conflicto mediante un
escrito de declinatoria. Este escrito de declaratoria se presenta ante el
órgano que está conociendo del asunto para que deje de conocer.
En este escrito
se expresarán los preceptos legales en los que se fundamenta el conflicto y a
continuación serán oídas las partes y el Ministerio Fiscal.
Llegado a este
momento el órgano requerido decidirá mediante auto:
Ø
Su incompetencia: El conflicto de
competencia termina y resuelve el proceso otro órgano.
Ø
Su competencia: Requiere al otro órgano
que está conociendo para que deje de conocer. Si este órgano accede al
requerimiento el conflicto termina, pero si no accede e insiste en su
competencia, comunican su decisión al órgano solicitante diciendo que los dos
se creen competentes y ambos órganos dirigen sus actuaciones a la Sala de conflictos, la cual
recibirá las actuaciones y una vez oído, el Ministerio Fiscal resuelve mediante un AUTO IRRECURRIBLE,
finalizando el conflicto y determinando el órgano que ha de conocer del asunto.
2.
Conflicto negativo de competencias
Los dos órdenes jurisdiccionales no quieren conocer
del asunto. La parte podrá interponer el recurso por defecto de jurisdicción
ante el segundo órgano que se declaró incompetente.
Este segundo órgano tras oir a las partes y al
Ministerio Fiscal, remite las actuaciones a la Sala de conflictos.
Realizadas estas
actuaciones, esta Sala de conflictos reclamará las actuaciones al primer órgano
que se declaró incompetente y después de oir al Ministerio Fiscal resolverá el
conflicto mediante AUTO IRRECURRIBLE.
5. Criterios de atribución de competencias
Una vez determinado el orden
jurisdiccional que va a conocer del conflicto, hay que determinar qué órgano
dentro de cada orden jurisdiccional ha de conocer del asunto, y para ello hay
tres criterios:
Ø
Criterio objetivo: Se va a basar en la
distribución de los asuntos en virtud del objeto del proceso. Por ejemplo, en
el orden civil, en función de la cuantía y la materia del proceso; y en el
orden penal en función del criterio cualitativo del imputado y del criterio
cuantitativo del suceso.
Ø
Criterio temporal: Se estará dependiendo
del lugar donde se realizó la relación jurídica o se cometieron los hechos
objeto del proceso.
Ø
Criterio funcional: Va a determinar que
órgano va a conocer de cada fase del proceso en función de dichas fases.
Tratamiento procesal
Se trata de establecer quien controla la falta de
competencia:
- En el proceso
civil, el juez vigilará de oficio la falta de competencia objetiva y
funcional; las partes fijarán la competencia territorial, es decir, el
lugar donde quieren que se resuelva el conflicto, nunca el Juzgado o
Tribunal.
- En el proceso
penal, el juez controlará de oficio los tres tipos de competencia:
objetiva, funcional y territorial.
6. Cuestiones de competencia.
Son conflictos que surgen
entre órganos jurisdiccionales de un mismo orden, generalmente en cuanto a la
competencia territorial.
1. Orden Civil.
Falta de competencia objetiva.
Esta
falta de competencia se va a denunciar de oficio o a instancia de parte, cuando
se denuncia de oficio el tribunal dictará un auto: absteniéndose de conocer y
diciendo cual es el tribunal que debe conocer. Si se denuncia a instancia de
parte, el demandado presentará un escrito de demanda declinatoria.
Falta de competencia territorial.
Cuando
se promueve de oficio el juez dictará un auto absteniéndose de conocer, previa
audiencia de las partes, y remitirá las actuaciones al tribunal que considera
competente. A instancia de parte, igualmente el demandado presentará un escrito
de demanda declinatoria.
Falta de competencia funcional.
Únicamente
ser promueve de oficio. El proceso es el mismo que en el de falta de
competencia territorial.
La declinatoria (fijo)
Es
un escrito que presenta el demandado denunciando la falta de competencia del
tribunal, se presentará este escrito: por un lado ante el tribunal que conoce
del pleito y se considera que no es competente, y por otro ante el domicilio
del demandado (por parte del órgano que se considera competente), en este caso
el demandado hará llegar el escrito al tribunal que conoce el pelito y se
considera no competente.
Se presenta este escrito junto los documentos
que fundamentan por qué el tribunal tiene que dejar de conocer, con un número
de copias igual al número de litigantes. Si se denuncia falta de competencia
territorial se indicará el tribunal que el demandado considera que sí es
competente para conocer, menos el en caso en que la competencia territorial sea
determinada por la ley.
Posteriormente a la presentación del escrito,
las partes podrán hacer las alegaciones que consideren pertinentes. En caso que
el juez admita la declinatoria, éste dejará de conocer absteniéndose a favor
del órgano competente, le remitirá las actuaciones y emplazará a las partes para
que se presenten ante el nuevo tribunal.
El Orden Penal
Están legitimados para promoverla: el juez de
oficio y a instancia de parte.
Existen una serie de instrumentos regulados en
la LECrim :
declinatoria y la inhibitoria.
Clases: Positivas y negativas.
En las
positivas el juez competente promoverá la cuestión de competencia y requerirá
al otro órgano que deje de conocer. Esta clase positiva de cuestión de
competencia puede promoverla por un lado, las partes, el ministerio fiscal,
cualquier órgano jurisdiccional (excepto el TS).
Clase
negativa. En este caso cuando el juez se considere incompetente puede él
directamente abstenerse, sin tener que esperar a la petición de parte,
7. Reparto de negocios.
Puede suceder que en un mismo
lugar existan varios órganos jurisdiccionales competentes, en estos casos se
aplican unas normas de reparto administrativas, el sistema es el siguiente:
-
En primer lugar para que haya reparto de negocios o
asuntos, tienen que existir dos o más juzgados en la misma ciudad.
-
Se repartirán los asuntos que se atribuyan a un
tribunal con más de una sala o sección.
-
Las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional ,
TSJ y del TS aprueban las normas de reparto.
-
La aplicación de dicho reparto de negocios tiene que
ser supervisada por el juez decano.
En principio los jueces deben conocer de los
mismos asuntos y la misma variedad, sin embargo, a estos asuntos se le aplican
dos criterios: criterio de conexión y de especialización.
Segunda parte. El derecho de los justiciables a
la tutela jurisdiccional.
Tema 14. Derecho de acceso a la jurisdicción. La
acción.
1. El derecho de la acción.
Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la
actuación del Estado para que haya tutela de los derechos, por este motivo
surge el derecho de acción o derecho de acceso a la jurisdicción. Por lo tanto
se crea la posibilidad de acudir a órganos jurisdiccionales para la tutela de
sus intereses legítimos y la resolución de un conflicto.
2. La acción en el proceso civil y en el penal.
En el proceso civil.
Concepto. Se regula en el Art.
24.1 de la CE y
cuando hablamos de protección de intereses privados estamos en un proceso
civil. La acción es por tanto un derecho constitucional que puede ejercitarlo
cualquier persona que reúna los requisitos de capacidad. La acción consiste en
dirigirse a los tribunales para resolver una situación de conflicto privado en
defensa de unos intereses legítimos.
Características del derecho
acción.
-
Es un derecho constitucional anterior al conflicto,
está reconocido por la CE
cuando se refiere a “obtener de los tribunales una tutela específica”.
-
No es un derecho indiscriminado de acceso, es decir, se
solicitará a través de una petición concreta, que deriva de una situación
conflictiva.
-
Es un derecho abstracto de acción a una tutela judicial
concreta, para que el juez proteja estos intereses privados deben cumplirse
determinados requisitos establecidos por las normas legales.
-
Es posible que los requisitos marcados por las normas
legales no existan. Ej. En el Art. 42 del CC se establece una promesa de
matrimonio, pero no se puede obligar a un sujeto a casarse, dado que no hay una
norma que desarrolle este precepto.
Por lo tanto la acción es un derecho subjetivo
de naturaleza pública y decimos esto porque se hace valer contra el estado, que
está obligado a poner en marcha la función jurisdiccional (a través de los
órganos jurisdiccionales) y abrir un proceso para otorgar la tutela que se
solicita.
Si este derecho de acción es satisfecho, el
conflicto se podrá resolver de forma favorable o desfavorable. Si el derecho
subjetivo privado solicitado se ve satisfecho, diremos que la decisión es
favorable a los intereses del demandante.
Contenido del derecho de acción.
(Procesal I)
§
El acceso a la justicia.
§
Resolución de fondo.
§
Motivación de la resolución.
§
La prohibición de la indefensión.
§
La firmeza.
§
La cosa juzgada.
§
La ejecución de lo juzgado.
§
El derecho a los recursos legales.
La acción en el proceso penal.
Se caracteriza porque se defienden intereses
públicos, están regulados por la ley de enjuiciamiento criminal: Arts. 100, 101
y 105.
Finalidad del derecho acción: Es poner en
conocimiento del juez unos hechos presuntamente delictivos, como consecuencia
de ello el estado ejercitará un Derecho sancionador independientemente de que
quién haya pedido el derecho de acción haya sido perjudicado o no.
Doble sentido de la acción penal.
La
acción penal de información. Es el derecho a poner el conocimiento judicial
unos hechos presuntamente delictivos, se identificará con una presentación de
una denuncia, y tiene dos consecuencias: por un lado el juez investigará los
hechos y por otro el juez calificará si estos son o no sancionables.
La
acción de acusación. Es la solicitud de una sanción para los culpables de esos
hechos que son presuntamente delictivos. La acusación se va a identificar por
la querella. Quién acusa adquiere la condición de parte en el proceso penal, y
esta acusación puede ser ejercitada por una serie de personas: particular,
ministerio fiscal… etc.
La acción penal no es un derecho subjetivo de
condena, si no un derecho formal de acusar. Se llega al fin de la acción penal
cuando se obtiene una sentencia motivada sobre los hechos y sobre las
responsabilidades derivadas de los mismos.
Contenido de la acción.
El proceso penal comienza cuando el juez de
instrucción se pronuncia sobre la calificación jurídica de los hechos, es
decir, cuando se considera que hay elementos suficientes para proceder al
enjuiciamiento.
Existe un derecho al recurso.
3. Acción y pretensión.
La acción es un derecho a
una tutela judicial concreta, es la posibilidad de que disponen los
justiciables para ejercer la función jurisdiccional. Se concreta en las normas
que regulan los derechos subjetivos privados. Abre el camino a la jurisdicción
(acudir a un tribunal).
La pretensión. Quien solicita la ayuda
judicial debe manifestar la tutela concreta que quiere conseguir, y la hacer
esto se realiza una pretensión. La pretensión se concreta en el ejercicio de la
acción o derecho al proceso, abriendo el camino a una sentencia sobre el fondo.
Diferencias en el proceso civil y en el penal.
(fijo)
La acción en el proceso civil es un derecho
constitucional de naturaleza abstracta, y se dirige hacia los órganos
jurisdiccionales, y para que ésta se lleve a cabo se exigen unos requisitos de
capacidad para ejercitar la acción (capacidad de obrar y capacidad para ser
parte). Esta acción en el proceso civil consiste en solicitar la tutela o protección
de un derecho subjetivo privado.
La pretensión en el proceso civil es una
declaración de voluntad que consiste en el derecho a obtener una tutela
judicial efectiva. La pretensión se dirige a una persona concreta. En la
pretensión se exigen unos requisitos de legitimación. La decisión judicial en
base a la pretensión va a afectar al demandante y al demandado.
La acción en el proceso penal es el derecho
formal de acusar. Su finalidad es que el Estado ejercite un derecho al proceso
y un derecho a la sentencia. Se va a basar sobre los hechos objetos de
acusación.
La pretensión en el proceso penal es la
legitimación para ejercitar un derecho de acción, en esta pretensión hay
dualidad de partes: parte acusadora (sostiene la pretensión) y una parte acusada
a la que se le imputa la comisión de unos hechos delictivos. El objeto del
proceso son los hechos criminales que se le imputan a una persona. Por último
en el proceso penal, esta pretensión está fuera del proceso.
Tema 15 Tutela judicial efectiva.
1. Contenido y
alcance del derecho a la tutela judicial efectiva.
El Art. 24 señala un doble
derecho. Por un lado: el derecho de acción o acceso a los tribunales, y por
otro lado: a que la tutela sea efectiva. El contenido de la tutela es lo que se
puede pedir, y lo que pueden conceder los órganos jurisdiccionales.
El derecho a la tutela judicial efectiva se
debe identificar con el derecho al proceso, y su finalidad es obtener una
sentencia sobre el fondo del asunto. Según el TC la tutela judicial efectiva
engloba una serie de derechos:
Ø
Derecho a que se abra el proceso para conocer el
conflicto y resolverlo:
o
Sentencia de absolución en la instancia. Se
puede dictar por falta de requisitos procesales: falta de legitimidad o de
capacidad.
o
Sentencia sobre el fondo: La resolución puede
ser favorable o desfavorable, pero siempre congruente (tratará de cuestiones y
peticiones planteadas por las partes), motivada (el juez debe explicar por qué
ha adoptado una determinada posición en el proceso, el razonamiento puede ser
breve o incluso no acertado), respeto a la cosa juzgada (el pronunciamiento
deberá tener en cuenta procesos anteriores llevados a cabo sobre una misma
cuestión).
Ø
Derecho a los recursos. Las partes pueden no
estar de acuerdo con lo dictado en la sentencia, por lo que tienen derecho a un
recurso.
§
El recurso en el proceso civil. Solamente se
podrá utilizar cuando esté legalmente previsto. La inadmisión del recurso por
causa legal no vulnerará el derecho del Art. 24 CE. Ante la duda de la
utilización de un recurso debe optarse por su interposición. La ley además
exigirá unos requisitos mínimos para su presentación.
§
El recurso en el proceso penal. Incluye tanto el
derecho a la tutela judicial efectiva, como un proceso con todas las garantías.
Todas las resoluciones condenatorias dentro del proceso podrán ser analizadas
por un órgano superior al que la dictó. En consecuencia, toda persona declarada
culpable tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un
tribunal superior.
Ø
Derecho a la ejecución de sentencia. Aunque el
proceso de ejecución parezca algo secundario, debe incluirse dentro de este
derecho de tutela judicial efectiva la ejecución de la sentencia. Será
necesario para que la tutela judicial se cumpla, sólo se utilizará cuando el
obligado a cumplir la sentencia no lo haga de forma voluntaria.
Ø
Derecho a solicitar la adopción de medidas
cautelares. Este derecho tiene relación con el derecho a que el fallo se
cumpla, a veces es necesario aportar unas garantías que aseguren la eficacia de
las decisiones judiciales.
2. Otras garantías de los justiciables.
El Art. 24 contiene una serie de
garantías para que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, estas
garantías son: la prohibición de indefensión, y las garantías procesales
constitucionalizadas.
A. Prohibición de indefensión.
Es el derecho a no sufrir indefensión, la
indefensión supone la falta de posibilidad de defensa en los tribunales.
B. Las garantías procesales
constitucionalizadas.
-
Garantías que afectan al ejercicio de la función
jurisidiccional. (Supra tema 6) Juez
predeterminado.
-
Garantías que afectan al proceso.
o
Derecho a un proceso público. Arts. 120.1 y
124.2 CE. Supone la posibilidad de que todos los ciudadanos, no solo los
implicados en el proceso puedan conocer del desarrollo de la función
jurisdiccional. Lo pueden conocer por ellos mismos, o a través de los medios de
comunicación. En el proceso penal la publicidad tiene mayor importancia, porque
según la LECrim
si no hay publicidad se producirá la nulidad de las actuaciones, pero
excepcionalmente podrán celebrarse las vistas a puerta cerrada: por moralidad,
por orden público, por seguridad nacional, por intereses de menores, protección
de la vida privada de las partes, o simplemente cuando el tribunal lo considere
necesario.
o
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
No existe una regulación concreta de este derecho, por lo que su contenido está
determinado en dos tribunales: TC y Trib. Europeo de Derechos Humanos. Tanto
uno como otro fijan el contenido de este derecho, en el sentido positivo de sus
dilaciones, es decir, no van a señalar cuando hay un retraso indebido, si no
que señalan cuando las dilaciones tienen justificación. Las dilaciones
indebidas no se refieren al incumplimiento de los plazos procesales, porque
existe un listado de justificaciones que van admitir estos retrasos procesales.
El incumplimiento de los plazos tiene los siguientes efectos para partes y
juez.
§
Para las partes. Si las partes incumplen los
plazos previstos se provocará preclusión procesal. De esta forma las partes no
podrán ejercitar las acciones procesales si ha transcurrido el plazo fijado, y
continuará el proceso en base al “principio de impulso oficial”.
§
Para el juez. Si no los cumple, podrá dictar la
resolución fuera de plazo, sin afectar a la preclusión procesal.
o
Derecho a un proceso con todas las garantías.
Este derecho también se configura por lo establecido por el TC y el Tribunal de
Estrasburgo. Los derechos contenidos dentro de este mismo son: derecho a un
juez imparcial, respeto del principio de contradicción, derecho del acusado a
interrogar a los testigos de cargo, derecho a utilizar todas las pruebas
pertinentes para el proceso.
o
Derechos que garantizan la posición de las
partes en el proceso.
§
Derecho a la igualdad. Es un derecho fundamental
reconocido en el Art. 14 CE y se refuerza con la garantía de amparo
constitucional en caso que sea inflingido. Sustantivamente se garantiza que la
ley será aplicada por igual a las partes, y procesalmente las partes dispondrán
de los mismos medios de ataque y defensa (su falta provoca indefensión).
§
Derecho de audiencia. Nadie puede ser condenado
sin ser oído y vencido en juicio. Este es un derecho constitucional relacionado
con la no indefensión. Se satisface dando a las partes la oportunidad de ser
escuchadas, y no es necesario que éstas hagan uso del derecho.
·
En el proceso civil. No es necesaria la
utilización de este derecho, porque se puede dictar sentencia en ausencia del
demandado. Si el demandado no se presenta, estamos en “rebeldía del demandado”.
·
En el proceso penal. Es totalmente necesario que
haya audiencia, por lo que no es posible un juicio en ausencia del imputado. No
se puede alegar indefensión de este derecho cuando el afectado incumpla la
obligación de personarse en el procedimiento. En ocasiones este derecho se
concede a terceros, que sin formar parte del proceso, se ven afectados por la
resolución dictada.
§
Derecho de defensa. La prohibición de indefensión
supone que es necesario poner al alcance de los justiciables los medios
necesarios para que la defensa se produzca. Además de los mencionados señalamos
los siguientes derechos:
·
Derecho de asistencia letrada. Es una exigencia
formal para que las actuaciones judiciales sean válidas.
o
En el
proceso civil. Este derecho está previsto con carácter general, pero de
forma excepcional se puede permitir que la defensa sea asumida por la propia
parte.
o
En el proceso penal. Se exigirá la defensa
letrada para todas las partes.
·
Derecho a ser informado de la acusación. Este
derecho trata de evitar que quien sabe que está sometido a un proceso penal
desconoce de qué se le acusa.
·
Derecho a la utilización de medios de prueba
pertinentes. Las pruebas deberán ser oportunos, atendiendo a las circunstancias
del proceso. Son medios de prueba: los relacionados con el objeto del proceso,
los que aporten datos útiles para el convencimiento judicial, y los que hayan
sido obtenidos o practicados los derechos fundamentales.
El TC establece
que la vulneración de este derecho de prueba tendrá relación con la
indefensión, pero no con la pertinencia de la prueba.
·
El derecho a la presunción de inocencia. Es una
garantía que se aplica a una persona, a la que se le exige una responsabilidad
que puede derivar en sanción. Le excluye a una persona de presentar pruebas
exculpatorias, puesto que la carga de la prueba recae en la acusación, y
mientras ésta no consiga probar la culpabilidad. Solamente cuando haya pruebas
con suficiente fiabilidad se podrá declarar la culpabilidad de una persona.
Tema 19. Los Principios informadores del proceso. (I)
1. Principio de dualidad de posiciones.
En un proceso no existen personas enfrentadas,
sino intereses contrapuestos defendidos por una o varias personas. (Ej. Varios
demandantes y un demandado). Este principio se manifiesta en todos los procesos
aunque es más complicado de apreciar en el proceso penal, puesto que entran en
juego los intereses públicos.
Este principio en el proceso penal pueda dar
lugar a que existan pluralidad de personas movidas por diferentes intereses.
Ej. La acusación particular actúa porque está afectado directamente, el
Ministerio fiscal actuará haciendo que se cumpla la ley y defendiendo el
interés público, y por último el acusador popular actúa en el proceso exigiendo
responsabilidades al supuesto autor.
En cualquier caso, tanto en los civiles como
penales, existen dos posiciones; en el proceso penal: acusador y acusado, y en
el proceso civil de: demandante y demandado.
2. Principios de contradicción y audiencia.
Para dar contenido a este principio hay que
hacer referencia a: “nadie puede ser condenado sir ser oído en juicio”.
El principio de audiencia es el derecho que
tiene todo aquél que interviene en un proceso para poder ser escuchado, y se
cumplirá el ofrecimiento del juez a las partes.
El principio de contradicción complementa al
de audiencia, en el sentido de que las partes podrán hacer en el proceso las
manifestaciones que estimen oportunas, para la defensa de sus intereses. De
esta forma se crea un debate en el proceso.
3. Principio de igualdad
Supone la aplicación procesal del principio
recogido en el Art. 14 CE en el que se establece que todos los españoles son iguales
ante la ley, de esta forma todos aquellos que intervienen en un proceso deberán
ser tratados de idéntica forma, evitando privilegios unilaterales.
La igualdad existe en el plano legal, de
manera que todas las normas procesales están estructuradas de idéntica forma.
Si bien en ocasiones esta igualdad se puede ver alterada, por ejemplo cuando
decimos que las personas “aforadas” tienen que ser juzgadas por un tribunal
determinado.
4. Principio de buena fe procesal.
Se regula en el Art. 247 de la LEC , que establece que todos
los intervinientes en un proceso tienen que obedecer en sus actuaciones a las
reglas de la buena fe procesal. Además refuerza esto el Art. 11.1 de la LOPJ.
Las consecuencias, de la infracción de estas
normas de buena fe, dependerán de quién las vulnere. Si las vulneran las partes
el juez rechazará la demandada cuando las peticiones realizadas por las partes
se han producido en base a un abuso de derecho, y podrá imponer una multa
proporcional a las circunstancias (entre 180 y 6000€). Si las normas son
vulneradas por abogados o procuradores, el juez rechazará la demanda y multará
a estos, notificando de esta acción a los respectivos colegios profesionales.
Tema 20. Los Principios informadores del proceso (II).
1. Principios de iniciativa procesal.
Supone considerar al proceso como un conjunto
de actuaciones del juez y de las partes, que concatenadas hacen que el proceso
se inicie y desarrolle de una forma cronológica. Identificaremos los principios
en base a los siguientes criterios:
A ¿Quién debe realizar los actos?
Con estos dos
principios se establece si es el juez o las partes los encargados de iniciar
los actos procesales.
Principio
dispositivo. Los intereses en conflicto son privados, y como tienen esta
naturaleza, este principio dispositivo predomina en el proceso civil. El juez
obedecerá a lo pedido por las partes, y el objeto de litigio es de libre
disposición por los litigantes.
Principio de
oficialidad. En este caso los
intereses relevantes son públicos, y por tanto las partes obedecen a lo que
establece el juez. Se exigirá la intervención del Ministerio Fiscal de forma
obligatoria.
B. ¿Quién debe aportar los hechos al
proceso?
Los hechos se
aportan al proceso a través de unas pruebas, pero hay que determinar quien los
aporta:
Principio de
aportación de parte. Son aportados
por las partes, y el juez solamente se encargará de valorar los resultados que
se deriven de la práctica de la prueba.
Principio de investigación de oficio. El juez es quien realiza la aportación, en
esta situación, se fomenta la parcialidad judicial porque el juez participará
en el litigio ayudando a las partes a fundamentar sus alegaciones.
Si nos referimos al proceso penal hablamos de
investigación de oficio, si es civil hablamos de aportación de parte.
C. ¿Quién debe impulsar su desarrollo?
Se trata de ver a quien le corresponde
controlar el avance del proceso, el impulso procesal es el nexo de unión entre
los actos procesales para que estos se realicen cronológicamente.
Principio de
impulso privado. Se realiza a
iniciativa de las partes.
Principio de
impulso oficial. Se atribuye al juez.
El Art. 237 de la LOPJ establece que el proceso
está regido por el principio de impulso oficial, atribuido al Secretario
Judicial mediante las diligencias de ordenación. Este Secretario podrá realizar
dos cosas: controlar que el proceso se desarrolle en base a los trámites
legales, y por otro lado, podrá dar cuenta al juez del transcurso de los plazos
para que se dicten las resoluciones judiciales.
Como consecuencia del impulso oficial el
proceso continúa sin necesidad de que las partes lo pidan. Las partes deben
realizar actos en un plazo determinado (Ej. Alegaciones), que una vez
transcurrido precluye la actuación (no se pueden realizar), pero el juez puede
dictar la resolución.
2. Principios informadores de la eficacia
de la prueba.
La actividad
declarativa desarrolla la función jurisdiccional, y la finalidad de esta
actividad es la de obtener la resolución judicial de un conflicto a través de
una resolución. Para conseguir dicha resolución las partes y el juez han de
realizar unas funciones; las partes alegarán y probarán sus manifestaciones,
mientras que el juez resolverá sobre los resultados de esas pruebas.
El juez valorará las pruebas de dos formas:
·
Valoración legal. Mediante este sistema el legislador impone al juez las
consecuencias jurídicas que debe extraer de los resultados de la prueba, es
decir, que el legislador le dice al juez cual es la norma legal a aplicar
independientemente de la convicción judicial del juez.
·
Valoración libre. En este caso es el juez el que
decide el nivel de certeza o seguridad que le ofrecen las pruebas presentadas
por las partes. Será el juez quien se encargue de determinar si un hecho está
probado o no.
El sistema de valoración libre es el que
prevalece en nuestro ordenamiento jurídico, aunque se conjuga con la valoración
legal de la prueba.
Tema 21. Sistemas sobre la forma externa de la
actividad procesal. Sus principios y consecuencias.
El proceso es el aspecto exterior de la
actividad jurisdiccional, es decir, la forma de los actos procesales. Y la
exteriorización puede ser el sistema oral, o el sistema escrito.
1. Los principios del
sistema oral.
El principio de concentración.
Las actuaciones procesales se realizan de
palabra, bien en una sola audiencia o en audiencias próximas. Lo ideal es que
se realice una única audiencia, donde se realizarán las alegaciones de las
partes, la proposición y práctica de la prueba, y finalmente la resolución del
asunto.
Principio de inmediación.
Es la relación directa que existe entre el
juez con las partes y los medios de prueba. Este principio de inmediación se
refiere a que el juez debe presidir el acto de práctica de la prueba. Como
consecuencia de esta inmediación, el juez o los magistrados que dicten
sentencia deben ser los mismos que estuvieron presentes en la prueba oral.
Principio de publicidad.
Hay dos tipos de
publicidad:
Publicidad
para las partes. Las partes deberán conocer los actos procesales que se están
realizando en el proceso en que intervienen.
Publicidad
general. Las audiencias tienen que ser públicas, sean partes o no en el
proceso. Normalmente a través de los medios de comunicación, o de primera mano.
Este principio de
publicidad es de carácter político.
2. Principios del
sistema escrito.
Principio de mediación.
Aunque decíamos antes
que el juez debe presenciar directamente la práctica de las pruebas, en el
sistema escrito el juez que realizó las pruebas puede ser sustituido por otro a
la hora de dictar sentencia. Adquiere gran importancia el acta en la que se
recoge todos los actos probatorios del proceso.
Para el segundo juez que dicta sentencia el
acta en que se documenta el acto oral es el único elemento de información que
tiene para resolver.
Principio de dispersión de los actos.
El proceso está
configurado en varias etapas. El proceso puede retrasarse en el tiempo, y para
paliar esta cuestión se crean los principios de impulso.
Principio de preclusión.
Para que los actos procesales se realicen en
el tiempo de forma adecuada se establece el orden de sucesión procesal, el cual
conduce a la llamada preclusión procesal. Este principio significa que dentro
de las fases del procedimiento se tendrán que desarrollar actos concretos con
contenidos determinados, de manera que si la parte no realiza ese acto pierde
la posibilidad de realizarlo.
Principio del secreto.
El procedimiento escrito es secreto porque de
lo único que tendrán conocimiento los ciudadanos es que existe un acta de que
se está realizando el proceso, pero no su contenido.
Tema 22. Los actos procesales.
1. Hecho procesal,
acto procesal y negocio jurídico procesal.
El hecho jurídico es un
acontecimiento producido en el mundo exterior que modifica, crea, altera o
extingue una realidad jurídica concreta entre dos o más personas. En este hecho
jurídico no intervendrá la voluntad del hombre. (Ej. Con el nacimiento de un
hijo surgen relaciones jurídicas → filiación).
Un hecho procesal es un acontecimiento que
tiene consecuencias en el proceso.
Un acto jurídico. Es la actividad de una
persona manifestando una voluntad, por ejemplo la compra de una vivienda.
Un acto procesal. Cuando un acto produce
consecuencias en el proceso. Como hay sucesión procesal de actos, es porque
para que el acto precedente tenga eficacia debe surgir un acto posterior.
2. Requisitos de los actos procesales.
El proceso es una sucesión
de actos, y cada acto tiene unos requisitos, si bien hay unos requisitos
comunes, que son los que veremos adelante. Hay que establecer una
diferenciación entre presupuestos procesales → circunstancias que deben
producirse en el proceso para que pueda dictarse una resolución sobre el fondo,
y la falta de uno de estos impide la resolución del conflicto, y requisitos
procesales → son los elementos que tienen que producirse en cada acto para que
estos tengan eficacia, y la falta de algún requisito procesal produce la
ineficacia del acto.
Los
requisitos comunes.
A Voluntad de los actos:
Del juez. Se produce una alteración de los
actos por:
-
Error de ignorancia. Los actos que dicte el juez no son
nulos o anulables, pero si son actos impugnables mediante recursos, exigiéndole
responsabilidad personal al juez o responsabilidad al estado por error
judicial.
-
Violencia o miedo. Son nulos, y se realiza de oficio
por parte del juez cuando se vea libre de aquella violencia o miedo que le
provoca dictar un determinado acto, poniendo en conocimiento del Ministerio
Fiscal quién la ha producido dictar el acto viciado.
De las partes.
En este caso son las partes las que deciden realizar los actos.
B Lugar de los actos
procesales.
General. Deberán realizarse en el órgano
jurisdiccional del partido judicial.
Excepciones.
Fuera
del local (sala) pero dentro de la sede. Pueden ser algunas pruebas (interrogatorios,
notificaciones…) y también la presentación de escritos en otros lugares: en el
juzgado de guardia, en las oficinas de señalamiento inmediato o en el servicio
común.
Fuera
de la localidad sede del órgano pero dentro de su demarcación territorial
(provincia). Sólo se podrán presentar los actos del órgano jurisdiccional.
Fuera
de la demarcación territorial. El acto de cooperación jurisdiccional entre
órganos jurisdiccionales.
C Tiempo de los actos
procesales.
Momento de la realización del acto. Días
hábiles → serán todos los días menos los inhábiles que son: sábados y domingos,
24 y 31 de diciembre, fiestas nacionales, fiestas laborales de las CCAA y el
mes de agosto (salvo actuaciones excepcionales). Horas hábiles → Desde las ocho
de la mañana hasta los ocho de la tarde.
Orden de los actos que forman el
procedimiento. Término → Es el momento en el tiempo y va a determinar el día y
la hora concreta de la actuación judicial. El plazo, es el lapsus de tiempo que
se va a señalar el día inicial del juicio (el día siguiente al acto de
comunicación) y el día del juicio (el día del vencimiento), de este lapso se
descuentan los días inhábiles, y si el lapso está en meses se cuenta de fecha a
fecha. , si el día de vencimiento es inhábil se pasa al siguiente hábil.
D Presentación de los
escritos.
Si el proceso está sujeto a un plazo
determinado se podrán presentar escritos hasta el día siguiente del vencimiento
hasta las 15:00, en la secretaría del tribunal o en la oficina de registro
central. Una vez presentado darán
constancia de la presentación los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa. En los recibos deberá constar el día y la hora de la
presentación.
E Forma de los actos
procesales.
Es la plasmación externa del acto
y pueden ser de dos tipos: orales y escritos.
Orales.
Se va a determinar quién tiene que estar presente y a quién se le va a conceder
la palabra, en general deberán ser públicos, y la deliberación y las votaciones
por parte del tribunal deberán ser secretas
Escritas.
Hay que atender a la firma del autor/es y el contenido de los escritos. Si el
acto lo realizan las partes deberán presentar tantas copias como partes
litigantes haya, y esta escritura no implica que el acto sea secreto, excepto
cuando el tribunal considere que los actos son secretos. El idioma utilizado
debe ser el oficial, es decir, el castellano pero en determinadas CCAA hay
idiomas co-oficiales y se podrán presentar en este idioma si hay acuerdo con
las partes.
3. Defectos de los actos procesales.
Si se incumplen estos requisitos procesales
hay consecuencias:
a. Nulidad. Se produce cuando se
incumplen los requisitos procesales esenciales, y se apreciará de oficio (por
parte del juez). Arts. 238 al 243 de la
LOPJ : los actos con falta de jurisdicción, falta de
competencia objetiva, los actos bajo violencia o intimidación, los actos cuando
no intervenga el juez siendo obligatorio, cuando se celebren las vistas sin la
intervención del Secretario Judicial, y demás casos que establezca la ley.
b. Anulabilidad. Se produce
cuando no cabe control de oficio y son las partes quienes denuncian el
incumplimiento de los requisitos procesales. La ley no recoge los motivos por
los que se hay anulabilidad, pero cuando las partes consideren que son
perjudicadas podrán denunciarlo mediante las alegaciones o a través de los
recursos si es que ya se ha dictado sentencia.
c. Irregularidad. Se produce esta
irregularidad cuando falta algún requisito del acto pero no produce nulidad ni
anulabilidad, pero sí situación de irregularidad. Punto en este caso se condena
al autor de ese acto (Ej. Sentencia fuera de plazo por la que se pide
responsabilidad disciplinaria al juez).
d. Subsanación. El TC declara que
tendrán que subsanarse los defectos de los actos procesales.
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